Este jueves 15 de enero, los gobernadores y gobernadoras de 17 departamentos sorprendieron con su decisión de no aplicar algunas medidas del decreto de Emergencia Económica firmado por el presidente Gustavo Petro. Esta determinación, que se basa en la consideración de que algunas disposiciones como el aumento de impuestos al licor y el tabaco afectan la economía de las regiones, fue rechazadas por varios funcionarios del Gobierno.
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La respuesta del ministro de Justicia (e)
El jefe encargado de la cartera de Justicia, Andrés Idárraga, calificó la decisión como un “exabrupto jurídico” en una publicación en X. “De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos de la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno” advirtió, afirmando que los gobernadores estarían usurpando una competencia exclusiva de la Corte Constitucional, quien está en proceso de revisión de ese decreto.
En su mensaje, Idárraga dijo que es ilegítimo acudir a la vía de excepción de inconstitucionalidad, un recurso citado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para desmarcarse del decreto 1474 de 2025.
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Benedetti también rechazó la decisión
Otro funcionario del gobierno que criticó la decisión fue Armando Benedetti, ministro del Interior. En un video publicado en la misma red social, aseveró que “es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”, y defendió las funciones de la Corte Constitucional.
Igualmente, señaló que puede haber prevaricato al ignorar lo que dicta el decreto y “podrían ellos responder con sus propios bienes y recursos, su peculio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”.