La Corte Suprema de Justicia avaló recientemente la extradición de Gonzalo de Jesús Ramos Santos a Lituania, después de que el país europeo lo acusara de espionaje y terrorismo por hechos sucedidos en septiembre de 2024. El joven, un ciudadano de tan solo 22 años, fue capturado el pasado 6 de julio y ahora deberá enfrentar la justicia por cargos relacionados con servir a una organización terrorista.
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Tenía circular roja de la Interpol
Según el auto de detención emitido por el Tribunal de Distrito de Vilna, el 3 de diciembre de 2024, el joven capturado este año en Barranquilla habría participado en las actividades de ese grupo ilegal haciendo labores de inteligencia con el fin de favorecer los intereses de Rusia. Además, el colombiano tendría vínculos con otras personas en Colombia, Cuba, España, Italia, Bielorrusia y con oficiales de inteligencia de la Federación de Rusia.
“Todos los delitos fueron cometidos en un corto periodo de tiempo, entre el 2 y el 23 de septiembre de 2024, y, según su naturaleza, podrían estar siendo planeados para continuar no solo en el territorio de la República de Lituania, sino también en otros países de la Unión Europea” dice el auto de detención emitido el año pasado.
Ese mismo documento también señala que “los delitos investigados se caracterizan por una planificación minuciosa, una distribución detallada de tareas y roles entre los miembros del grupo terrorista organizado, son conspirados y coordinados por los oficiales de los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia, con un carácter internacional, eligiendo personas con estatus legal en el territorio de la Unión Europea para llevar a cabo estos crímenes”.
Ramos Santos también tendría ciudadanía rusa
Al parecer, Ramos Santos también tendría ciudadanía rusa y española y trabajaría con más personas, de diferentes nacionalidades, en un plan para localizar a la empresa UAB TVC Solutions. Esta firma especializada en drones y vinculada a la industria de defensa y al apoyo logístico a Ucrania, sería el objetivo de la organización a la que pertenecía el colombiano.
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Según las autoridades lituanas, el grupo pretendía provocar un incendio que habría puesto en riesgo la vida e integridad de los habitantes de la ciudad de Siauliai y se investiga que la organización pretendía ingresar miembros a otros territorios de la Unión Europea.
Los líderes del grupo terrorista habrían asignado tareas específicas a sus miembros, financiado desplazamientos, manutención y alojamiento, suministrado medios técnicos y de comunicación, y coordinado las acciones mediante aplicaciones como Telegram y WhatsApp, para la ejecución de las actividades ilegales.