La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudadoy redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos.
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Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía.
La investigación determinó que entre 2012 y 2022 esta red criminal y sus integrantes habrían simulado millonarias operaciones comerciales.
Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los 843.164’577.003 de pesos.
Entre los procesados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín quienes tendrían roles como coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las referidas compañías.
Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.
Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió ytransformó recursos por más de 21.744’555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.
Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías y conforme a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad. Cinco de ellas en sus domicilios, y una en centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.