El panorama judicial de José Eduardo Chalá Franco, el taxista implicado en el grave accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre en el sur de Bogotá, ha dado un giro determinante. La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación del delito de homicidio agravado, luego de que una de las víctimas, una menor de tan solo 15 años, perdiera la vida a causa del fuerte impacto.
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El rastro de la tragedia en el barrio Santa Rita
Los hechos, que conmocionaron a la localidad de San Cristóbal, se desencadenaron cuando Chalá Franco, al volante de su vehículo de servicio público, perdió el control y embistió violentamente a un grupo de peatones. El saldo inicial fue de 11 personas heridas, pero la situación escaló a tragedia absoluta el 11 de noviembre, cuando se confirmó el fallecimiento de la adolescente debido a la gravedad de sus lesiones.
Según los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el conductor no solo circulaba con exceso de velocidad, sino que se encontraba en grado tres de alcoholemia, el nivel más alto de intoxicación etílica según las tablas de medición técnica. Esta combinación de imprudencia y estado de embriaguez fue el detonante para que el vehículo se convirtiera en un arma letal en una zona residencial.
De lesiones personales a homicidio agravado
En el momento de su captura en flagrancia, Chalá Franco fue judicializado inicialmente por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas. En ese primer escenario, el procesado decidió aceptar los cargos. Sin embargo, ante el deceso de la menor, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá procedió a realizar una adición a la imputación.
A diferencia de la primera audiencia, en esta ocasión el taxista no aceptó el cargo de homicidio agravado. A pesar de su negativa, los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador fueron contundentes para sustentar la peligrosidad y la responsabilidad del individuo en los hechos.
Medida de aseguramiento vigente
La justicia colombiana ha sido enfática en la gravedad del caso. El procesado continuará privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra. Este caso reaviva el debate en la capital sobre los controles a conductores de servicio público y las sanciones penales para quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol.
La comunidad del barrio Santa Rita y los familiares de las víctimas esperan que este proceso siente un precedente sobre la responsabilidad vial en Bogotá, especialmente en sectores vulnerables donde la seguridad del peatón se ve constantemente amenazada por la imprudencia al volante.