Uno de los procesos judiciales más impactantes en Norte de Santander en los últimos años estuvo en manos de la jueza Vivian Polanía Franco, quien, en su rol como jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías ambulante de Cúcuta, tomó la decisión de enviar a prisión a Alejandro José Arias Alejos, señalado como presunto responsable del asesinato del abogado y veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo.
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El caso, que generó gran atención mediática y judicial, se desarrolló en abril de 2024, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó a Arias Alejos por los delitos de coautoría en homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. El procesado, conocido con los alias de ‘Chueco’, ‘Cojo’ o ‘Pure’, no aceptó los cargos, pero esto no impidió que la jueza avalara la medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que el material probatorio era sólido y suficiente.
Antes de su muerte, la jueza Vivian Polanía protagonizó uno de los fallos más duros contra el crimen en Cúcuta
Durante la audiencia, la jueza Vivian Polanía fue enfática al advertir que el procesado representaba un peligro para la sociedad, además de existir un alto riesgo de no comparecencia al proceso penal. En su análisis jurídico, señaló que la gravedad de los hechos y el contexto criminal en el que se habría cometido el homicidio justificaban plenamente la privación de la libertad.
Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la revelación de un presunto plan para asesinar a Arias Alejos, lo que llevó a la jueza a ordenar que fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad y bajo estrictas medidas de protección. Según la Fiscalía, el procesado sería segundo cabecilla de la estructura criminal ‘Los AK47’, organización señalada de operar en la región y de estar involucrada en múltiples hechos violentos.
Polanía también rechazó los argumentos de la defensa, que intentó desvirtuar las pruebas presentadas por el ente acusador. En su intervención, la jueza exhortó a la Fiscalía a profundizar en la identificación de los autores intelectuales del crimen, subrayando la importancia de sustentar las investigaciones en pruebas técnicas, verificables y sólidas, y no en versiones sin respaldo probatorio.
La decisión judicial fue respaldada por el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien coincidió en que los requisitos legales para imponer la medida de aseguramiento se encontraban debidamente acreditados. No obstante, el abogado defensor del procesado, Christian Leal, anunció la apelación de la medida, cuestionando la valoración del material probatorio y señalando supuestas irregularidades durante el desarrollo de la audiencia.
Actualmente, Alejandro José Arias Alejos permanece privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón, Santander, mientras el proceso judicial avanza. Este caso quedó registrado como una de las decisiones más firmes y recordadas de la jueza Vivian Polanía, cuyo nombre volvió a ocupar titulares tras su reciente y misteriosa muerte, en medio de un contexto que hoy genera interrogantes y conmoción en la región.