El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia ha iniciado una revisión sobre los beneficios de financiamiento agropecuario que habría recibido el abogado Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. La medida fue tomada a raíz de una investigación periodística que puso en entredicho el acceso del joven a recursos diseñados, prioritariamente, para pequeños productores.
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Ante la información sobre la “presunta destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario”, el Ministerio de Agricultura radicó un requerimiento oficial a Finagro (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario).
La cartera estatal solicitó a Finagro adelantar “de forma inmediata el procedimiento de control de inversiones y otras indagaciones a las que haya lugar” sobre la operación de crédito. El requerimiento ministerial va más allá de un caso puntual, pidiendo a Finagro analizar si los hechos descritos corresponden a “actuaciones aisladas o a la configuración de una práctica sistemática de estructuración de proyectos orientados a inducir al error al sistema de financiamiento agropecuario”.
El Ministerio también exigió a Finagro enviar copias de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia para que revise las “acciones adelantadas por el Banco Serfinanza en la verificación de las condiciones del beneficiario y la estructuración de la referida operación de crédito”.
¿Qué fue lo que sucedió?
La controversia se originó con la denuncia realizada por el periodista Daniel Coronell, quien reveló que Lafaurie Cabal accedió a un crédito con tasa de interés subsidiada y un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) para un proyecto de cultivo de palma de aceite. Según la investigación, el abogado habría presentado ante el Banco Serfinanza documentos que lo ubicaban cerca de los límites de activos e ingresos establecidos por la ley para definir a los “pequeños productores”. Las cifras reportadas serían de COP 129.139.311 en activos y COP 95.996.800 en ingresos anuales.
De acuerdo con el informe, Lafaurie Cabal obtuvo un crédito de redescuento por 400 millones de pesos colombianos con tasa subsidiada. Adicionalmente, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) habría respaldado el 80 % de la deuda. La solicitud para el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) culminó, presuntamente, con un abono al crédito por COP 95.273.700 por parte de Finagro el 27 de noviembre de 2024, el tope máximo posible para un beneficiario. Este incentivo, junto con la tasa subsidiada, traslada parte del costo financiero del proyecto al Estado.
Foco en los pequeños productores
El Gobierno Nacional ha enfatizado su compromiso con un sistema de financiamiento agropecuario “ético, democrático y transparente”, cuyo propósito fundamental es beneficiar a los pequeños productores campesinos. En su pronunciamiento, el Ministerio recordó que históricamente los instrumentos de fomento agropecuario han beneficiado en mayor medida a grandes productores, dificultando el acceso a los campesinos con menos recursos.
Esta revisión busca determinar si, en el caso de Juan José Lafaurie Cabal, la solicitud se realizó y se aprobó conforme a lo estipulado por la ley. La entidad asegura que “los recursos son limitados y deben asignarse correctamente”, subrayando la necesidad de monitoreo y verificación.
Por su parte, Juan José Lafaurie Cabal ha rechazado públicamente las afirmaciones relacionadas con este tema, calificándolas de difamación.
Será la revisión técnica de Finagro y la posterior evaluación de las autoridades competentes las que determinen si hubo irregularidades en la estructuración y desembolso de estos recursos públicos.