El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia volvió al centro del debate nacional tras la muerte de varios menores en un bombardeo contra un campamento del Estado Mayor Central, la disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco. Aunque el comandante criminal aseguró que los adolescentes estaban allí “por patriotismo”, organizaciones humanitarias y autoridades colombianas reiteran que se trata de un delito que condena a los menores a una vida marcada por el miedo, el sometimiento y, muchas veces, la muerte.
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Las cifras actualizadas de la Defensoría del Pueblo subrayan la gravedad del fenómeno. Entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento forzado, aunque la entidad advierte que el subregistro podría elevar significativamente el número real, pues muchas familias temen denunciar por posibles retaliaciones.
De esos 162 casos, el 45% corresponde a menores indígenas, un indicador que evidencia la profundidad de la crisis en territorios donde operan grupos armados ilegales y donde persisten condiciones de extrema vulnerabilidad. Estas comunidades enfrentan presiones constantes por parte de estructuras criminales que ven en los menores mano de obra desechable para expandir su presencia territorial.
Los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño y Huila, zonas históricamente golpeadas por el conflicto. Solo en 2025 se han documentado 37 menores reclutados en Cauca, 20 en Antioquia, 16 en Chocó, 13 en Nariño, 11 en Huila y 8 en Norte de Santander. Cada número representa una historia truncada, una familia fracturada y un territorio sometido al miedo.
La Defensoría del Pueblo alerta que cada dos días al menos tres menores son vinculados de manera forzada a grupos armados. En 2024 ya se habían documentado 625 casos, lo que revela que la práctica no solo persiste, sino que se transforma y se adapta para expandirse.
La situación se agravó tras la decisión del Gobierno de reactivar los bombardeos en contra de objetivos de alto valor, una medida rechazada por expertos como Camilo González Posso, exnegociador de paz, quien sostiene que estas operaciones violan el Derecho Internacional Humanitario cuando se ejecutan en campamentos donde hay menores reclutados. “Los niños están allí como víctimas. Bombardear campamentos con menores reclutados es completamente contrario al derecho internacional”, señala.
El patrón de uso de menores también ha cambiado: las niñas dejaron de estar confinadas a tareas domésticas y ahora participan en operaciones armadas, mientras que los niños siguen siendo utilizados como combatientes o en labores logísticas. El Estado Mayor Central es el principal reclutador, con el 40% de los casos en 2025, seguido por otras disidencias y el ELN.
“Los engañan con promesas de dinero y estatus. Cuando intentan huir, muchos son ejecutados”, advierte González Posso. Historias de adolescentes asesinados por desertar confirman el nivel de control y brutalidad al que son sometidos.
El panorama refleja una realidad dolorosa: el reclutamiento forzado sigue arrebatando el presente y el futuro de cientos de menores en Colombia, mientras las comunidades reclaman protección y el país continúa debatiendo cómo evitar que esta práctica se siga cobrando vidas inocentes.