En un acto transmitido por la televisión estatal, Maduro anunció que solicitó al TSJ una “consideración constitucional” para despojar de la nacionalidad, la documentación y el pasaporte a quien —según él— promueva o apoye una invasión extranjera, señalamiento que el gobierno dirigió al líder opositor Leopoldo López, exiliado en España.
La argumentación del gobierno
El Ejecutivo señaló que basa la petición en el artículo 130 de la Constitución —según el cual los venezolanos tienen el deber de “honrar y defender a la patria”— y en la acusación de que ciertos opositores estarían promoviendo la intervención militar y el bloqueo económico contra Venezuela. El gobierno también anunció la anulación inmediata del pasaporte de López.
Choque con la Constitución
Expertos y los propios opositores recuerdan que la Constitución venezolana, en su artículo 35, establece que los nacidos en Venezuela no pueden ser privados de su nacionalidad, y que solo la nacionalidad por naturalización puede revocarse. Por ello, analistas y la oposición consideran la medida inconstitucional y un nuevo uso de la justicia con fines políticos.
#ÚLTIMAHORA Nicolás Maduro pide al TSJ retirar la nacionalidad venezolana a quienes apoyen una "invasión" a Venezuela https://t.co/5L49Z9eYBx pic.twitter.com/X3C7QADvQ9
— Monitoreamos (@monitoreamos) October 29, 2025
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Reacciones y contexto político
- Leopoldo López rechazó la iniciativa y dijo que sería el “primer venezolano nacido” al que se le aplicaría esta medida, calificándola de arbitrariedad y una amenaza para quienes piden libertad.
- El partido Voluntad Popular y sectores de la oposición compararon la maniobra con prácticas de regímenes represivos como los de Cuba y Nicaragua.
- La decisión llega en un momento de fuerte tensión regional, con despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe que el gobierno venezolano ha vinculado públicamente a un plan de presión externa.
¿Es legal quitar la nacionalidad a alguien nacido en Venezuela?
A juicio de constitucionalistas y juristas consultados por medios, no, la Constitución protege la nacionalidad por nacimiento frente a cualquier revocación. Cualquier intento efectivo de retirar la nacionalidad a un ciudadano por nacimiento podría ser impugnado por inconstitucionalidad y dar lugar a recursos nacionales e internacionales. Además, no hay precedentes claros en Venezuela de aplicación de esta medida a nacidos en el país.
Implicaciones prácticas y riesgos
- Política interior: La medida profundiza la polarización y puede usarse como herramienta de presión judicial contra disidentes y exiliados.
- Derechos y protección internacional: Si se llegara a anular documentación, la persona afectada podría quedar en una situación jurídica compleja en el exterior, aunque la revocación de nacionalidad a un nacido en el país tendría fuertes cuestionamientos legales internacionales.
- Efecto disuasorio: El anuncio busca —según el gobierno— disuadir llamados a intervenciones externas; la oposición lo ve como intimidación para silenciar críticas.
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Qué puede pasar ahora (escenarios)
- TSJ admite y valida la petición: abriría un proceso judicial que el Ejecutivo usaría como tablero político; generaría recursos de inconstitucionalidad y pronunciamientos de organismos de derechos humanos.
- TSJ rechaza o demora: la medida quedaría en la retórica política y el pasaporte anulado seguiría siendo el principal efecto inmediato.
- Reacción internacional: sanciones diplomáticas, alertas de organizaciones de derechos humanos y apelaciones en foros internacionales en defensa del afectado.