El presidente Gustavo Petro firmó en la noche del lunes 11 de agosto el Decreto 0895 de 2025, mediante el cual se declara un día de duelo nacional por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. El político del Centro Democrático permaneció en estado crítico durante más de dos meses antes de su fallecimiento.
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La medida, de carácter simbólico, tiene como objetivo rendir homenaje a la vida y legado público de Uribe Turbay, así como manifestar la solidaridad institucional del Estado colombiano hacia sus seres queridos.
“Exprésese el profundo dolor del Gobierno nacional y sus condolencias y sentimientos de solidaridad a la señora María Claudia Tarazona, a su hijo Alejandro Uribe Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño y demás familiares y allegados”, señala el decreto.
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¿Qué implica el duelo nacional?
Durante este día de duelo, la Bandera Nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos del país, así como en instalaciones militares, de policía y representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior. Esta práctica representa un acto de respeto y memoria hacia quienes han fallecido en circunstancias trágicas o significativas para la nación.
Sin embargo, se trata de una medida simbólica: el duelo nacional no implica la suspensión de actividades laborales o educativas ni establece un día festivo o cívico para la ciudadanía. Las actividades continúan con normalidad, salvo disposiciones específicas en ciertos entes estatales.
Un homenaje en medio del dolor nacional
La figura de Miguel Uribe Turbay generó consenso político en torno al rechazo de la violencia y el respeto por la vida democrática. Desde diferentes sectores, se han realizado homenajes y muestras de solidaridad. El Congreso de la República instaló su Cámara ardiente para rendir tributo al senador, mientras la familia Turbay enfrenta otro duro golpe a manos de la violencia, como ocurrió años atrás con la periodista Diana Turbay.
La declaratoria de duelo nacional reafirma el compromiso del Estado con la defensa de la vida, el respeto institucional y la condena absoluta a los actos violentos que afectan el ejercicio democrático en Colombia.