La defensa de Álvaro Uribe presentó una acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá para suspender los efectos de su sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, impuesta en primera instancia el 1 de agosto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El recurso invoca vulneraciones a los derechos fundamentales: dignidad, debido proceso, presunción de inocencia y libertad personal.
Según la defensa, Uribe siempre ha comparecido voluntariamente ante la justicia y no hay razones objetivas para restringir su libertad mientras se resuelve la apelación ante el Tribunal Superior. En contraste, la jueza declarada en primera instancia, Sandra Heredia, autorizó la detención inmediata argumentando el alto perfil del expresidente y el riesgo de fuga, pese a que cuenta con edad avanzada.
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¿Quién investigará esta tutela? El caso del magistrado Riaño
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue designado por reparto para conocer la tutela interpuesta por Uribe. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al proceso: en febrero pasado se apartó voluntariamente de otra tutela similar argumentando un conflicto de interés debido a que su compañera sentimental fue nombrada fiscal local por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre Lynett, quien también es víctima reconocida en el caso Uribe.
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Ese impedimento fue aceptado por el Tribunal Superior, lo que llevó a suspender temporalmente el juicio oral en curso y generar cuestionamientos sobre la imparcialidad en la administración de este mecanismo constitucional. El actual reparto deja en manos de otro magistrado la resolución de la tutela para evitar nuevos señalamientos de parcialidad.
Actualización del caso Uribe: Condena confirmada y apelación en curso
El 1 de agosto, la jueza Sandra Liliana Heredia emitió sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenándolo a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años.
Los delitos probados en el fallo fueron fraude procesal y soborno en actuación penal, en el contexto de manejo de testimonios de exparamilitares mediante intermediarios como su abogado Diego Cadena. Aunque se le recomendó prisión, se le otorgó la posibilidad de cumplirla en su residencia debido a su edad.
La defensa ya anunció que presentará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá antes de octubre, y contempla escalar el caso hasta la Corte Suprema si es necesario. Paralelamente, el Centro Democrático y aliados del expresidente han convocado a movilizaciones y promovido discursos sobre presunta persecución política