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Condenados exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con paramilitares: 11 años de cárcel y $13.800 millones de multa

La juez explicó que las pruebas presentadas contra ellos no lograron desvirtuar la presunción de inocencia, ya que los vínculos sugeridos por los testimonios no fueron concluyentes.

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ARCHIVO - Plátanos de la compañía Chiquita Brands en una tienda de Heinen, en Bainbridge, Ohio, el 3 de agosto de 2005. (AP Foto/Amy Sancetta, Archivo) AP (AMY SANCETTA/AP)

En un fallo histórico y a pocos meses de que prescribiera el caso, el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 11 años y 3 meses de prisión a siete exdirectivos de Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, en relación con el financiamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sentencia también impone una multa de 13.879 millones de pesos y la emisión de órdenes de captura inmediata.

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La decisión judicial, obtenida por El Tiempo, representa un precedente significativo en materia de responsabilidad empresarial frente al conflicto armado colombiano, en un caso que permanecía impune desde hace más de una década.

¿Quiénes fueron condenados?

Los condenados son:


  • Reinaldo Elías Escobar de la Hoz
  • John Paul Olivo
  • Charles Dennis Keiser
  • Álvaro Acevedo González
  • José Luis Valverde Ramírez
  • Víctor Julio Buitrago Sandoval
  • Fuad Alberto Giacoman Hasbún

En la sentencia, la juez Diana Lucía Monsalve negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, indicando que los delitos cometidos tuvieron un impacto directo en la prolongación de la violencia paramilitar en el país.

“La financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y la paz social (…) el aporte de esos recursos prolongó la capacidad operativa de las AUC y con ello el riesgo de más crímenes”, expresó la jueza en su fallo.

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El rol de Raúl Hasbún y los pagos ilegales

En el expediente se destaca el papel del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, como enlace directo entre Chiquita Brands y las AUC. Según el fallo, Hasbún era el encargado de canalizar los recursos que la multinacional giraba hacia los paramilitares a través de estructuras aparentemente legales, como las Convivir, aunque estas ya eran ampliamente reconocidas por sus vínculos con las autodefensas.

El caso fue ventilado inicialmente en Estados Unidos, donde en 2007 Chiquita Brands aceptó su culpabilidad y pagó una multa de 25 millones de dólares por más de 100 pagos ilegales que sumaron 1,7 millones de dólares dirigidos a las AUC.

Directivos de Banacol, absueltos

En contraste, fueron absueltos tres exdirectivos de Banacol:

  • Javier Ochoa Velásquez
  • Víctor Manuel Henríquez Velásquez
  • Jorge Alberto Cadavid Marín

La juez explicó que las pruebas presentadas contra ellos no lograron desvirtuar la presunción de inocencia, ya que los vínculos sugeridos por los testimonios no fueron concluyentes.

Duro llamado de atención a la Fiscalía

El fallo también incluye una enérgica crítica a la Fiscalía General de la Nación, señalando una manifiesta negligencia en la investigación y acusación de este caso, lo cual generó retrasos y debilitó el proceso judicial.

“Su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor (…) vulnerando no solo los derechos de las víctimas, sino también los principios de eficacia y buena fe que rigen la función pública”, subraya el fallo.

La juez ordenó enviar copia de la sentencia al Fiscal General de la Nación para que evalúe las responsabilidades internas por el manejo del proceso.

Un caso con repercusión internacional

La condena en Colombia se da después de que en 2024, un jurado en Estados Unidos ordenara a Chiquita Brands pagar 38 millones de dólares a familias de víctimas de las AUC, en un juicio civil que aún se encuentra en apelación. Esta sentencia local fortalece el enfoque de justicia transnacional y refuerza el mensaje de que las empresas pueden ser penalmente responsables por apoyar actores armados ilegales.

Con este fallo, Colombia da un paso relevante hacia el reconocimiento de la responsabilidad empresarial en el conflicto armado, una deuda pendiente con miles de víctimas que aún esperan reparación y verdad.

       

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