Tras 17 años de proceso judicial, el primer grupo de víctimas en llegar a juicio contra Chiquita Brands finalmente ha obtenido justicia. El jurado encontró responsable a la multinacional de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), marcando un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Su decisión confirma acusaciones de vieja data: Chiquita Brands, para mantener sus ganancias, entregó recursos a las AUC aún conociendo los atroces actos cometidos por este grupo paramilitar, catalogado como terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos.
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Los más de 1,7 millones de dólares que pagó la multinacional a las AUC, entre 1997 y 2004, contribuyeron a fortalecer su presencia en el Urabá y en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región. Las víctimas han recibido esta noticia como un reconocimiento de su sufrimiento y una oportunidad para ser reparadas. “Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas”, afirmó una de las víctimas del juicio.
Aunque el caso está siendo juzgado en Estados Unidos, se aplica el Código Civil colombiano por tratarse de una empresa estadounidense cuyas decisiones fueron tomadas en dicho país. En primer lugar, el artículo 2341, que establece que quien cause daño a otro, ya sea por un delito o culpa, debe indemnizar a la víctima, además de cualquier pena principal que la ley imponga. En segundo lugar, el artículo 2356, que establece que cualquier daño causado por actividades peligrosas debe ser reparado por quien lo causó, similar a la responsabilidad en Estados Unidos.
Por primera vez, un jurado en Estados Unidos ha declarado responsable a una gran corporación estadounidense por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país, marcando un hito en la justicia. “Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial,” afirmó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International.
