La promulgación de la Ley 2486 de 2025 ha reactivado un debate que ya se había desatado antes de su sanción. Desde entonces, el concejal Juan David Quintero se opuso firmemente a la iniciativa, centrando su argumentación en la preocupación por la seguridad vial y el impacto que podía tener la circulación de estos vehículos eléctricos en las ciclorrutas del país.
Una vez que la ley fue sancionada y se convirtió en norma de la República, Quintero no dudó en denunciar públicamente las graves consecuencias que, a su juicio, trae consigo la autorización para que las motos eléctricas rueden por las ciclorrutas sin requisitos fundamentales como matrícula, licencia de conducción o SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).
“Es un atentado contra la seguridad vial, contra los ciclistas y los usuarios también de los andenes y las vías de Colombia”, aseguró Quintero, subrayando el riesgo inminente para la vida e integridad de los ciudadanos.
La ministra de Transporte, en contra de la Ley, y la “politiquería” señalada por Quintero
El concejal fue más allá en sus declaraciones, revelando un detalle crucial que subraya la polémica en torno a la ley: según Quintero, incluso la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, le solicitó al presidente Gustavo Petro que objetara esta ley. La razón esgrimida por la propia ministra, de acuerdo con el concejal, era que consideraba la normativa un riesgo inaceptable para la vida e integridad de las personas y para la seguridad vial general del país.
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En una crítica directa a la decisión presidencial, Juan David Quintero afirmó: “El presidente Gustavo Petro prefirió hacerle caso al acuerdo politiquero con el senador de la inseguridad vial, Julio Elías, y el representante Ape Cuello, que escuchar a su propia ministra de Transporte”. Esta declaración no solo acusa de irresponsabilidad en la toma de decisiones, sino que también sugiere la existencia de intereses políticos detrás de la sanción de la controvertida ley.
La defensa de las ciclorrutas y el futuro de la movilidad eléctrica
A pesar de la preocupación manifestada por el concejal y la Ministra de Transporte, la Ley 2486 de 2025 ya es una realidad. Es importante aclarar que el artículo 3 de la ley establece que las autoridades de tránsito competentes en cada ciudad del país tienen la potestad para determinar en cuáles tramos específicos está y no está permitida la circulación de estos vehículos. Esta decisión debe basarse en razones de seguridad vial, diseños de infraestructura u operativas. Esto deja una ventana abierta para que las autoridades locales puedan mitigar los impactos negativos que denuncia el concejal.
No obstante, Juan David Quintero ha dejado claro que su lucha no termina aquí. “Seguiremos en la defensa de las ciclorrutas, seguiremos en la defensa de la seguridad vial y además estamos seguros que Bogotá liderará la reglamentación que impide que las motos eléctricas rueden sobre las ciclorrutas, seguimos defendiendo las ciclorrutas", concluyó el concejal. Sus palabras indican que el debate sobre la movilidad sostenible y la convivencia en las vías urbanas de Colombia, especialmente en Bogotá, está lejos de terminar. La Ley 2486 de 2025, lejos de resolver un tema, parece haber abierto una nueva y compleja discusión sobre el futuro de las ciudades.