La seguridad nacional de Colombia enfrenta una “grave crisis económica” que, según una investigación de Revista Semana, afecta a todos los rincones del Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y las Fuerzas Militares. El minucioso trabajo periodístico de cuatro meses constató un riesgo operativo de las instituciones, la falta de inversión para enfrentar las amenazas actuales y un “aparente desorden en sus finanzas”. Todo esto, mientras los grupos criminales se fortalecen con recursos ilícitos, desestabilizando al Estado.
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Los “escandalosos números” que prueban los aprietos financieros de las fuerzas fueron obtenidos por la revista mediante docenas de derechos de petición, 357 interrogantes al Ministerio de Defensa y a las Fuermas Armadas, informes de entes de control, y entrevistas con altos mandos. El común denominador del informe es que la plata entregada por el Gobierno de Gustavo Petro es insuficiente. De no ajustarse el presupuesto “lo más pronto posible”, el orden público se seguiría deteriorando y las autoridades perderían capacidad de respuesta.
A pesar de que la Casa de Nariño destinó 33 billones de pesos para las fuerzas en 2025, la revista reveló un “recorte presupuestal sustancial en las zonas con mayor presencia de actores delincuenciales”, lo que ha puesto a los uniformados en desventaja.
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Testimonios recogidos por la revista indican que los soldados se han visto obligados a “sacar dinero de su propio bolsillo para costear labores de inteligencia, recompensas, patrullaje y persecución”. Incluso, algunos mandatarios locales en Antioquia y Santander han impuesto nuevas cargas tributarias para intentar solventar necesidades básicas.
Las cifras presentadas por Semana y datos oficiales del Ministerio de Defensa son contundentes:
- El Ejército requería 22 billones de pesos para 2025 y recibió 12 billones de pesos.
- A la Policía se le asignaron 14 billones de pesos, cuando requería 23 billones.
- La Armada solicitó 4,6 billones de pesos y recibió 3 billones.
- La Fuerza Aeroespacial percibió 2,6 billones de pesos, menos que el año anterior.
- El Comando General de las Fuerzas Militares recibió 186.000 millones de pesos, pero el 80% fue para funcionamiento, dejando poco para actualizar capacidades.
La contundente desmentida de Petro y su visión del Estado “padre”
Ante las graves revelaciones de Semana, el presidente Gustavo Petro salió al paso, calificando de “desinforme lastimero” y “mentiroso” cualquier insinuación de detrimento en las condiciones de la fuerza pública. El mandatario recalcó la responsabilidad del Estado para con sus jóvenes uniformados: “La familia entrega su joven al estado para defender los principios de la república (...) Desde ese momento el estado es responsable y debe comportarse como un padre”, expresó.
Esta visión paternalista, según Petro, implica “nutrir cuerpo y alma”, y “cuidar al máximo la vida del soldado y del pueblo”. Para el presidente, el soldado no es un esclavo, sino un “ciudadano libre, en armas y al servicio de su pueblo”, cuya libertad es el eje de la institución. En un tono emotivo, aseguró que cuida a los jóvenes uniformados “como nuestros hijos”, movido por “amores” y no por “odios”.
Bonificaciones y modernización: Las promesas cumplidas y el futuro de las armas
El mensaje del presidente no solo se centró en la desmentida, sino también en las acciones concretas de su gobierno para mejorar la calidad de vida de los militares. Petro afirmó categóricamente: “Ningún soldado desnutrido o hambriento, habrá en mi gobierno, ningún soldado sin educar”.
Además, destacó una promesa cumplida: “Subo la bonificación del soldado regular, al de un trabajador asalariado, no hay razón alguna, para que el soldado de la patria, o soldada, deba ganar menos, al arriesgar su vida joven”. Este aumento busca dignificar la labor de quienes arriesgan su vida por el país. Finalmente, el presidente reiteró su voluntad de “modernizar todo el armamento de la fuerza pública para que sea poder del pueblo colombiano”, una visión estratégica que apunta a fortalecer la capacidad defensiva del Estado en beneficio de la ciudadanía.