Este martes 8 de julio de 2025, la Cancillería respondió oficialmente un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, reconociendo que el nuevo sistema para la expedición de pasaportes no podrá comenzar el 1 de septiembre, fecha en que vence el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.
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En su respuesta, la Cancillería admitió que no existe aún un convenio formal con la Casa de la Moneda de Portugal y que incluso si este fuera firmado hoy, se requerirían al menos 35 semanas para arrancar operaciones, lo que hace inviable cumplir con el cronograma previsto. Además, reconocieron que la planta nacional de producción no está habilitada ni cuenta con la capacidad instalada para asumir la impresión de pasaportes.
La senadora Lozano denunció que no hay presupuesto, ni cronograma aprobado, ni infraestructura lista. “La Cancillería ha confirmado que no tiene cómo garantizar la continuidad del servicio. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, dijo. También advirtió que el país podría entrar en una crisis institucional si no se actúa con rapidez y transparencia. El contrato actual vence el 31 de agosto y no se ha definido con claridad cómo se mantendrá el servicio a partir del día siguiente.
Antecedentes: tres cancilleres caídos y múltiples advertencias
El conflicto sobre la impresión de pasaportes en Colombia ha sido uno de los más polémicos en este gobierno. Todo comenzó en 2022 con la licitación que buscaba reemplazar a Thomas Greg & Sons, empresa que por más de dos décadas ha sido la encargada del servicio. Desde entonces, la decisión de pasar la producción a manos de la Imprenta Nacional, en colaboración con Portugal, ha provocado una cadena de renuncias ministeriales. La más reciente, la de la canciller Laura Sarabia, quien salió en medio de presiones, desautorizaciones públicas y diferencias sobre cómo manejar la continuidad del servicio.
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El presidente Gustavo Petro y su jefe de despacho, Alfredo Saade, han insistido en avanzar con la “nacionalización” del proceso y romper vínculos con Thomas Greg. Sin embargo, la falta de preparación técnica, logística y contractual ha generado alarma entre expertos, congresistas y organismos de control como la Procuraduría General y la Contraloría. Hasta ahora, el Gobierno no ha firmado formalmente el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal ni ha garantizado los recursos para la vigencia presupuestal que permita su implementación entre 2026 y 2030.
Un escenario crítico para millones de ciudadanos
La crisis no solo es administrativa. A partir del 1 de septiembre, millones de colombianos podrían verse imposibilitados para renovar o tramitar por primera vez su pasaporte, afectando viajes por estudio, trabajo, salud o reunificación familiar. “No estamos hablando de trámites menores. Estamos hablando del documento que permite a los colombianos salir del país. Si el Estado no garantiza su expedición continua, está vulnerando un derecho esencial”, advirtió Angélica Lozano.
La respuesta de la Cancillería también aclara que el Gobierno evalúa declarar una nueva urgencia manifiesta para continuar temporalmente con Thomas Greg & Sons, a pesar de que en las últimas semanas el discurso oficial apuntaba a terminar cualquier vínculo con la empresa. Este cambio de postura es interpretado como un intento por evitar el colapso inminente, pero también genera dudas sobre la transparencia del proceso.