Las tensiones políticas en Colombia escalaron nuevamente luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la entrega de una papeleta en las próximas elecciones para consultar a los ciudadanos si quieren una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, según explicó el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, tiene como objetivo “rediseñar institucionalmente al país” y permitir “transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución”.
El anuncio fue interpretado por diversos sectores como un intento del Gobierno para consolidar más poder e, incluso, allanar el camino para una posible reelección del presidente. En ese contexto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó una fuerte declaración que elevó la temperatura del debate público: “Si Petro se puede reelegir, Uribe también”.
La frase fue pronunciada durante un encuentro con medios de comunicación, donde la congresista expresó su preocupación frente al rumbo que estaría tomando el Gobierno. “Yo creo que eso es imposible, porque estoy segura de que las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91, como lo haremos los colombianos que vamos a estar unidos y firmes en torno a nuestra Constitución”, dijo Valencia.
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central del uribismo, gobernó a Colombia durante dos periodos consecutivos, de 2002 a 2010. Su intento por buscar una tercera reelección en su momento fue bloqueado por la Corte Constitucional, lo que cerró esa posibilidad de forma definitiva bajo la actual Carta Magna.
Sin embargo, con el anuncio del Gobierno Petro sobre la posibilidad de convocar una Constituyente en marzo de 2026, muchas voces dentro de la oposición han comenzado a alertar sobre el riesgo de una reforma que habilite la reelección presidencial. Para Paloma Valencia, esa puerta no solo abriría una opción para Petro, sino también para Uribe.
En un contexto de creciente incertidumbre institucional, otras figuras políticas también han manifestado su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo. La representante a la Cámara Catherine Juvinao criticó duramente al presidente Petro por lo que considera una falta de coherencia y lealtad institucional.
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“No hay derecho, presidente Petro, a que usted se comprometiera a derogar el decreto de la consulta popular si se aprobaba la reforma laboral, y ahora salga con que habrá Constituyente en 2026. Es una estrategia electoral irresponsable”, dijo Juvinao, visiblemente molesta por el giro en el discurso del Gobierno.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la iniciativa argumentando que el país necesita una transformación profunda de sus estructuras políticas, sociales y económicas. El ministro Montealegre aseguró que será la ciudadanía, y no el Congreso, la que tenga la última palabra sobre si se convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente. “Queremos una nueva constitución que refleje los desafíos actuales del país y que permita una mayor equidad”, afirmó.
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A pesar de ello, sectores académicos, políticos y constitucionalistas han advertido sobre los riesgos de modificar la Constitución del 91 sin un consenso amplio, y mucho menos bajo presiones electorales. La posibilidad de reelección presidencial, eliminada en 2015 tras la experiencia con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, volvería a estar sobre la mesa si se reabre el debate constitucional.
¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?
Una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo de participación popular establecido en la Constitución Política de Colombia que permite la reforma total del ordenamiento constitucional. Según el artículo 374 de la Carta Magna, existen tres procedimientos para modificar la Constitución: por el Congreso, por referendo o por una Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente implica la elección de representantes que tienen la potestad exclusiva de redactar una nueva Constitución o de realizar cambios profundos al texto vigente. Su convocatoria debe cumplir un procedimiento específico, regulado por el artículo 376 de la Constitución:
“Mediante ley aprobada por el Congreso, por mayoría de los miembros de ambas cámaras, el pueblo puede ser convocado para decidir si se convoca una asamblea constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine”.
Es decir, se necesita una ley aprobada por el Congreso que determine las condiciones de la convocatoria, y luego esta ley debe ser sometida a votación popular para que la ciudadanía decida si aprueba o no la creación de dicha Asamblea.
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Una vez conformada, la Asamblea Constituyente tiene plenos poderes en materia constitucional, lo que significa que sus decisiones pueden modificar por completo la estructura del Estado, las funciones de las instituciones y los derechos consagrados. Sin embargo, la Corte Constitucional ha advertido que este mecanismo no puede ser usado para atajos antidemocráticos, como forzar la reelección presidencial o eliminar controles al poder ejecutivo sin el debido respaldo popular y legal.
Según conceptos recientes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, el uso de una Constituyente debe respetar el principio de separación de poderes y no puede ser convocado unilateralmente por el Ejecutivo sin la aprobación del Legislativo y sin el voto popular correspondiente. De lo contrario, sería considerado inconstitucional.
Este mecanismo fue utilizado por última vez en Colombia en 1991, cuando, tras un proceso impulsado por amplios sectores sociales y políticos, se redactó la actual Constitución Política, reemplazando la de 1886.