En una decisión que tensiona aún más el clima político nacional, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación preliminar contra 18 ministros del Gobierno de Gustavo Petro por su participación en la firma del controvertido Decreto 0639 de junio de 2025, mediante el cual se convoca a una consulta popular nacional.
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El órgano de control investiga si los funcionarios incurrieron en abuso de funciones públicas y violaron el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política de Colombia. La queja fue radicada por Alberto Boek Huyke, Cristina Plazas Michelsen y Daniel Felipe Briceño, quienes afirman que el decreto “compromete gravemente el erario público y se firmó con pleno conocimiento de su ilicitud”.
¿Quiénes son los ministros investigados por la Procuraduría?
Estos son los 18 ministros del gabinete de Gustavo Petro incluidos en la investigación disciplinaria:
- Armando Benedetti Villaneda – Ministro del Interior
- Rosa Yolanda Villavicencio Mapy – Ministra de Relaciones Exteriores (E)
- Germán Ávila Plazas – Ministro de Hacienda y Crédito Público
- Augusto Alfonso Ocampo Camacho – Ministro de Justicia (E)
- Pedro Arnulfo Sánchez Suárez – Ministro de Defensa
- Martha Viviana Carvajalino Villegas – Ministra de Agricultura
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez – Ministro de Salud
- Antonio Eresmid Sanguino Páez – Ministro de Trabajo
- José Luciano Sanín Vásquez – Ministro de Minas y Energía
- Diana Marcela Morales Rojas – Ministra de Comercio
- José Daniel Rojas Medellín – Ministro de Educación Nacional
- Christian David Díaz Bulla – Ministro de Ambiente (E)
- Helga María Rivas Ardila – Ministra de Vivienda
- Julián Molina Gómez – Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- María Fernanda Rojas Mantilla – Ministra de Transporte
- Yanai Kadamani Fonrodona – Ministra de Cultura
- Patricia Duque Cruz – Ministra de Deporte
- Ángela Yesenia Olaya Requene – Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
¿Qué busca establecer la investigación?
La Procuraduría ordenó una serie de pruebas documentales y técnicas para determinar si estos ministros incurrieron en faltas disciplinarias al avalar un decreto que, según los denunciantes, usurpa competencias del Congreso y desconoce la separación de poderes. Entre las medidas solicitadas están:
- Informe del Senado sobre el trámite de la propuesta de consulta popular.
- Documentación de la Presidencia sobre estudios y análisis jurídicos que justificaron el decreto.
- Certificaciones laborales de los ministros activos el 11 de junio de 2025.
- Informes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre eventuales demandas en curso.
La apertura de esta investigación podría derivar en sanciones disciplinarias que afecten la estabilidad del gabinete presidencial. También podría sentar un precedente jurídico en torno al uso del poder ejecutivo para convocar mecanismos de participación ciudadana sin aprobación legislativa.