Frente a la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal de ordenar la libertad del procesado Diego Marín Buitrago mediante un habeas corpus, la Fiscalía General de la Nación solicitó a su homóloga portuguesa gestionar, ante el Tribunal de Apelación de Oporto, la aplicación urgente de las medidas coercitivas pertinentes para asegurar su entrega a Colombia en desarrollo de la extradición ya aprobada por las autoridades judiciales de ese país.
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Este nuevo recurso, que deja sin vigencia la determinación emitida el pasado 29 de mayo por el Tribunal de Oporto de mantener detenido a Marín Buitrago, fue concedido por considerar que se venció el plazo para la detención preventiva con fines de extradición de Marín Buitrago, quien tiene pendiente que se resuelva en segunda instancia una medida de amparo o protección de asilo.
Las medidas coercitivas pedidas por la Fiscalía hacen referencia a prohibirle o evitar su salida de Portugal, retener su pasaporte, conminarlo a presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, el uso de un mecanismo de monitoreo electrónico, residencia vigilada u otras similares contempladas en la normatividad de ese país.
“La Fiscalía colombiana es respetuosa de las decisiones judiciales de la judicatura de los países con los cuales mantiene lazos de cooperación judicial y, en ejercicio de sus competencias, continuará adelantando los trámites jurídicos correspondientes y cumpliendo los protocolos internacionales para lograr la entrega en extradición de Marín Buitrago”, dice el texto del ente investigativo.
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En su cuenta de X y tomando versiones de prensa, el jefe de Estado manifestó que “hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y, quizás, su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión europea para que el contrabandista nos fuese entregado”.
La decisión la adoptó el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, que resolvió a favor de Marín Buitrago un recurso de habeas corpus. La instancia aclaró, sin embargo, que la decisión no afecta el curso del proceso de extradición, la cual podrá reactivarse si se niega en firme la protección internacional.