“Sentí mucha rabia, impotencia, miedo e indefensión cuando varios agentes de la Policía Nacional me golpearon y esposaron simplemente por negarme a identificarme”, relata Layli Colorado, una joven colombiana de 26 años residente en València, sobre el momento en que, junto a sus padres y un amigo de la familia, fue víctima de una intervención policial que califican de “desmesurada”.
Los hechos ocurrieron el sábado 17 de mayo, hacia las 15:00, en la calle San Vicente Mártir de València. Layli caminaba acompañada de su hijo de tres años, quien tiene autismo, y una amiga española. Ambas presenciaron cómo dos agentes mantenían reducidos a dos jóvenes en la acera: “Les tenían un pie en el torso y otro en el tobillo”, dijo.
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Ante esa escena, su acompañante reprochó la forma en que los agentes actuaban. Según Layli, uno de los policías les gritó: “No se metan, que no es asunto suyo”, y acto seguido las siguió y les exigió identificarse. “Me preguntó por mis documentos, me negué porque no habíamos hecho nada. Me empujó contra un carro y me esposó, luego me tiraron al suelo y me empezaron a golpear”, relató.
En ese momento, al escuchar los gritos, los padres de Layli y un amigo salieron de una casa cercana. Ella asegura que también fueron agredidos: “A mi madre la tiraron al suelo y le pegaron con la porra, lo mismo a mi padre y al otro chico. A cualquiera que se acercaba”, explicó. Layli sostiene que llegaron al lugar al menos diez policías.
La situación escaló aún más. Layli asegura que fue encerrada por varios agentes en una habitación sin cámaras: “Me insultaron, me golpearon y me amenazaron con romperme los dientes”, denuncia. La familia fue retenida más de 24 horas, desde la tarde del sábado hasta casi las 7:00 p.m. del domingo. Actualmente estudian presentar una denuncia formal.
“El miedo que sentí por mi hijo, que se quedó solo y no podía protegerlo, y ver cómo le pegaban a mi madre… eso no se olvida”, expresó entre lágrimas.
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Así mismo, en entrevista con BluRadio la madre de Layli aseguró que los policías fueron racistas con ellos, “colombianos de mierda” les dijeron en repetidas ocasiones. Además, pidió justicia pues asegura que llevan más de 25 años en España y es inaceptable ver el trato por parte de dichos oficiales.
Por su parte, consultada por elDiario.es, la Policía Nacional confirmó que el 091 recibió una llamada alertando de una amenaza con arma blanca en un establecimiento de la misma calle, y que hubo “parte de lesiones en varios agentes”. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre si hubo exceso en el procedimiento.
La familia ha hecho públicos varios vídeos del momento de la intervención, que serán parte de las pruebas que incluirán en la denuncia. Layli concluyó: “Queremos justicia. No queremos que otra familia viva lo que nosotros pasamos”.
Datos sobre xenofobia en España: una preocupación en aumento
El caso de Layli y su familia no ocurre en un vacío. En los últimos años, diversas instituciones han alertado sobre el incremento de delitos de odio por motivos de origen étnico o nacional, lo que podría enmarcar este episodio dentro de un patrón preocupante.
Según el Ministerio del Interior de España, en su Informe sobre Incidentes relacionados con Delitos de Odio 2023, se registraron:
- 803 delitos de odio por racismo y xenofobia durante 2023, un aumento del 7,6 % respecto al año anterior.
- Este tipo de incidentes representa el grupo mayoritario dentro del total de delitos de odio registrados, superando los motivados por orientación sexual o ideología.
Además, la Defensoría del Pueblo ha subrayado en sus informes anuales la necesidad urgente de mejorar los protocolos policiales frente a personas migrantes y racializadas, con el fin de evitar abusos y discriminaciones sistemáticas.
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Organizaciones como SOS Racismo y Amnistía Internacional también han denunciado en múltiples ocasiones la persistencia de perfiles raciales y detenciones arbitrarias contra personas migrantes, especialmente en contextos urbanos.
Estos datos refuerzan la preocupación de que casos como el de Layli podrían no ser hechos aislados, sino parte de una problemática estructural que requiere respuestas institucionales firmes, formación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad y la garantía de canales eficaces para la denuncia y reparación.