El presidente Gustavo Petro fue obligado por el Consejo de Estado a ofrecer disculpas públicas al empresario Enrique Vargas Lleras, tras haberlo acusado en redes sociales de encubrir millonarias deudas de la Nueva EPS sin contar con pruebas que lo vincularan directamente.
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El pronunciamiento del alto tribunal responde a un trino publicado el pasado 2 de enero, donde el mandatario cuestionó: “¿Les pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos?”
En el análisis del Consejo de Estado, estas afirmaciones atribuyen de forma directa y sin respaldo fáctico delitos como fraude, estafa o administración desleal. La magistratura indicó que no existía evidencia concreta que vinculara a Vargas Lleras o su familia con los señalamientos hechos por Petro, y que se vulneraron derechos fundamentales como el buen nombre y la honra.
Aunque la Presidencia aportó como defensa una denuncia penal del Ministerio de Salud contra varios presuntos responsables del manejo irregular de facturas en la EPS, el tribunal consideró que la mera existencia de una investigación preliminar no basta para lanzar acusaciones personales de esta magnitud. “En dicha denuncia no se identifican elementos específicos de tiempo, modo y lugar que permitan vincular de forma concreta al tutelante con conductas delictivas”, sostiene el fallo.
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El Consejo de Estado también enfatizó que haber sido miembro de la junta directiva de la EPS no implica una responsabilidad directa, ni existen pruebas que demuestren que Enrique Vargas Lleras haya sido accionista o haya cometido actos ilegales.
Por lo tanto, el alto tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro a emitir una corrección y disculpas públicas que deberán publicarse en su cuenta de X (antes Twitter), así como en las redes sociales oficiales de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). La publicación deberá permanecer visible durante al menos dos meses.
Petro aún puede impugnar la decisión, pero si no lo hace, el plazo para cumplir la orden es de cinco días a partir de la notificación.