El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al representante a la Cámara de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, de estar detrás de supuestas reuniones conspirativas en contra de su administración. Las declaraciones fueron hechas en la Plaza de Armas en Bogotá en un evento con estudiantes del SENA, donde el mandatario colombiano vinculó al congresista con sectores de extrema derecha norteamericana.
“Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a Kennedy en Estados Unidos, él es el jefe y lo que buscan es usar el Congreso para tumbar al presidente”, afirmó Petro, sin ofrecer mayores detalles sobre las supuestas reuniones ni pruebas adicionales que sustenten sus señalamientos.
El jefe de Estado fue más allá al advertir sobre las consecuencias de una eventual intervención extranjera: “Si eso llega a pasar, debe estallar la revolución colombiana porque es un infundio de los Nazis en EE.UU”, agregó, sugiriendo que su caída sería producto de una conspiración internacional liderada por ideologías extremistas.
Las palabras del presidente han generado controversia tanto en el ámbito nacional como internacional, y se espera una reacción oficial del gobierno estadounidense o del congresista Díaz-Balart frente a estas declaraciones.
Relaciones entre Colombia y Estados Unidos bajo el gobierno de Gustavo Petro y la administración Trump
Durante la segunda presidencia de Donald Trump, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos experimentaron tensiones significativas, especialmente en enero de 2025. El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la llegada de dos aviones militares estadounidenses que transportaban a ciudadanos colombianos deportados, argumentando que el trato a los deportados en vuelos militares era indigno y que prefería recibirlos en aviones civiles.
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En respuesta, la administración Trump impuso aranceles de emergencia del 25% a todas las importaciones colombianas, implementó prohibiciones de viaje y revocaciones de visas para funcionarios del gobierno colombiano, e intensificó las inspecciones aduaneras y de protección fronteriza para todos los ciudadanos colombianos y la carga procedente de Colombia.
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La situación escaló rápidamente, con amenazas de aumentar los aranceles al 50% si Colombia no revertía su decisión. Tras intensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo: Colombia aceptaría a los ciudadanos deportados desde Estados Unidos, garantizando condiciones dignas para ellos, y las sanciones impuestas por Estados Unidos serían suspendidas