Luego de su visita al hospital municipal de Puerto Gaitán, Meta el ministro de Salud Guillermo Jaramillo se vio envuelto en una polémica tras cuestionar el accionar del hospital por remitir pacientes a Villavicencio. En un video que circula en redes sociales, se ve como le dice a la directora del centro asistencial que, “Ojalá le tocará a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa, y la mandaran pa’ Villavicencio o Bogotá, y detrás su familia bregando a ver cómo...“.
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Tras estas declaraciones, que fueron calificadas como groseras y despectivas por la senadora María Fernanda Cabal, la misma interpuso una queja ante la procuraduría. En la queja se puede ver como la senadora enfatiza la polémica frase en donde el ministro insulta a la directora del hospital y según ella “le desea el mal”. Así mismo, precisó que:
“La actitud del ministro es una falta de respeto no solo hacia la directora del hospital, sino también hacia el personal de salud que se encontraba en el lugar y que, en cumplimiento de su deber, se esfuerzan cada día para ofrecer atención médica de calidad a la población” Indicó la senadora.
Por otro lado, aseveró que el ministro Guillermo Jaramillo, no tiene el derecho laboral sobre la funcionaria mencionada puesto que la ESE depende jerárquicamente del departamento más no del ministerio. Y puntualizó, que el trato agresivo hacia los empleados del sector público, “puede afectar la moral y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública”.
¿Qué implica una queja disciplinaria?
Una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación permite a los ciudadanos denunciar presuntas irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas de un servidor público, como un ministro. Este proceso busca garantizar que los funcionarios cumplan con sus deberes éticos y legales, preservando la confianza pública en las instituciones del Estado.
Cuando una queja es presentada, la Procuraduría evalúa si existen méritos suficientes para abrir una indagación preliminar. Esta etapa se centra en determinar la ocurrencia de la conducta denunciada y si esta puede constituir una falta disciplinaria, además de identificar al presunto responsable.
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Si la queja cumple con los requisitos y se encuentra fundamentada, se inicia una investigación formal. Este proceso incluye la recolección de pruebas y testimonios, y puede derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la falta.
En los casos que involucran a ministros o altos funcionarios, la visibilidad del caso suele ser mayor, lo que aumenta el interés ciudadano y mediático. No obstante, la Procuraduría debe garantizar el debido proceso y proteger la confidencialidad de la investigación para evitar su posible entorpecimiento.
El marco normativo que regula este tipo de procedimientos disciplinarios está contenido en el Código General Disciplinario, que define las faltas, los derechos del investigado y las sanciones correspondientes. Este mecanismo es fundamental para mantener la transparencia y promover la rendición de cuentas de los servidores públicos en Colombia.