Un incidente familiar derivó en un operativo policial que ha causado revuelo en el Reino Unido. Vanessa Brown, una docente de historia de 50 años, fue arrestada el pasado 26 de marzo de 2025 en Staines, Surrey, bajo sospecha de robo tras tomar los iPads de sus hijos —una medida que había adoptado como parte de su disciplina en el hogar. Lo que comenzó como una decisión educativa terminó con la madre esposada, registrada y detenida por más de siete horas en una celda.
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El caso se originó por una denuncia hecha por el padre de los menores, con quien Brown comparte la custodia. Los dispositivos electrónicos habían sido llevados a la casa de la abuela materna, ubicada en Cobham, lo que desencadenó la intervención policial.
La propia Brown, visiblemente afectada, relató los momentos vividos durante la intervención:
“Es bastante traumático incluso hablar de ello ahora”, declaró a medios británicos. Según explicó, los agentes no solo realizaron una redada en la casa de su madre —una mujer de 80 años—, sino que también interrogaron a sus hijos directamente en el colegio, retirándolos del aula sin previo aviso. “Fue una situación desproporcionada”, afirmó.
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Aimee Ramm, jefa de la policía local, confirmó que el arresto se produjo tras ubicar los iPads en la vivienda de la abuela.
“Investigaciones posteriores revelaron que los iPads pertenecían a los hijos de la mujer y que ella tenía pleno derecho a confiscarlos”, señaló en declaraciones al diario Mirror.
El hecho generó fuertes críticas por parte de la comunidad y diversas figuras públicas. Anthony Stansfield, excomisionado de Policía, calificó la actuación de las autoridades como un error grave:
“Fue completamente innecesario arrestar a una respetable maestra de cincuenta años. Espero que el jefe de Policía se disculpe personalmente”, declaró, añadiendo que el caso fue un ejemplo de “incompetencia y exceso de celo”.
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la intervención institucional en decisiones privadas y familiares, especialmente en lo que respecta a la crianza, el uso de tecnología en menores y la autoridad parental.
Brown indicó que su única intención era reducir las distracciones de sus hijos para que se enfocaran en sus estudios. Sin embargo, lo que parecía una medida disciplinaria razonable terminó convirtiéndose en un proceso penal que incluyó el registro de su cuerpo, la toma de huellas digitales y la exposición pública del caso.