En febrero de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante la FAO, por presunta agresión a su esposa, Adelina Guerrero. Los hechos habrían ocurrido en Madrid, España, el 30 de junio de 2024, lo que dio lugar a la apertura del proceso disciplinario. Dada la gravedad de la situación, Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, decidió remitir este caso a la Procuraduría General de la Nación para garantizar la transparencia e imparcialidad en su manejo.
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La remisión a la Procuraduría
A través de una carta fechada el 24 de febrero de 2025, Laura Sarabia solicitó al procurador Gregorio Eljach que se hiciera cargo de la investigación disciplinaria contra Benedetti, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministro del Interior. En la misiva, la canciller argumentó que la remisión del caso se realizaba “en aras de garantizar la rectitud, transparencia, objetividad e imparcialidad de la administración de justicia”.
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En el texto enviado, se especificó que la investigación se había abierto en relación con hechos ocurridos durante el ejercicio de Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tras conocerse a través de medios de comunicación que “presuntos hechos irregulares” se habían presentado en Madrid.
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Impedimento de la canciller
En caso de que la Procuraduría decida no asumir la investigación, Laura Sarabia también presentó un impedimento ante el Consejo de Ministros, ya que tiene una denuncia penal contra Benedetti. Esto la coloca en una situación de conflicto de interés, lo que le impide tomar decisiones o emitir opiniones sobre el proceso que se adelanta en su contra.
De acuerdo con la normatividad, si el impedimento es aceptado, se designará a un canciller ad hoc para manejar los asuntos relacionados con el ministro Armando Benedetti, permitiendo que el proceso se continúe con la debida imparcialidad.