La vicepresidente de Colpensiones, María Elisa Morón Baute, será objeto de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al ministerio público, se busca establecer si hubo irregularidades en los contratos.
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El organismo de control detalló que la vicepresidente y tres funcionarios más del fondo de pensiones estarían involucrados en supuestos sobrecostos que estarían relacionados con los servicios de atención al cliente y el suministro de trabajadores en misión.
Según la Procuraduría, esta medida se adoptó en respuesta a denuncias difundidas por diversos medios de comunicación, que señalaron irregularidades en los procesos contractuales de la entidad.
La Procuraduría investiga a varios altos funcionarios de Colpensiones, incluyendo a María Elisa Morón Baute, Sergio Andrés Gómez Navarro y Wilson Fernando Melo Velandia, por presuntas irregularidades en la suscripción y prórroga de contratos. Según la tercera delegada para la contratación estatal, estos funcionarios habrían autorizado incrementos de recursos sin justificación adecuada, en algunos casos superando el 50% del valor inicial del contrato.
El Ministerio Público encontró ampliaciones significativas en los presupuestos de estos contratos, generando sospechas de manejos irregulares. Las denuncias apuntan a que los funcionarios podrían haber incurrido en estas prácticas sin la debida justificación. La Procuraduría busca determinar si estas acciones constituyen faltas disciplinarias y si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Se ha solicitado la recolección de pruebas adicionales para verificar los hechos denunciados. La investigación no solo revisará los contratos vigentes, sino también el historial de contrataciones y posibles irregularidades administrativas. La Procuraduría destaca la necesidad de transparencia y justificación en los procesos contractuales y espera que esta investigación sirva como advertencia para otras entidades públicas.
María Elisa Morón Baute, debido a su posible implicación en la firma y ampliación de contratos con sobrecostos significativos, está en el centro de la investigación. Si se confirman las irregularidades, podría haber sanciones significativas para los funcionarios involucrados.
