Un estudio realizado por la asociación especializada In Género ha arrojado luz sobre la situación de la prostitución en España, revelando que entre 25.000 y 30.000 personas se encuentran en esta situación en el país, siendo la mayoría de ellas mujeres. La investigación, que se basa en más de 4.500 cuestionarios, estima que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se practica la prostitución.
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La asociación In Género, que trabaja en la atención a víctimas de trata y explotación sexual, señala que la mayoría de las personas atendidas en 2023 tenían entre 23 y 42 años, con una media de 35 años. Además, resalta que la mayoría de ellas son de nacionalidad extranjera, con un 29,1 % de mujeres colombianas, seguidas de paraguayas (15,5 %), dominicanas (13,4 %), venezolanas (7,8 %), rumanas (7 %), brasileñas (6 %), ecuatorianas (3,3 %), peruanas (2,5 %) y cubanas (1,9 %), mientras que el 4,5 % eran españolas.
El informe también revela que un 36,9 % de las personas en situación de prostitución se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que el 63,2 % afirma que llegaron a España con un objetivo distinto de la prostitución, siendo engañadas muchas veces con falsas promesas de empleo.
Las cifras muestran que el 40 % de las personas lleva menos de un año en contextos de prostitución, mientras que un 21,5 % lleva entre uno y tres años, y un 13,3 % entre cinco y diez años. Además, más del 95 % de las personas en estas circunstancias tienen cargas familiares, y aproximadamente un tercio ha recurrido a los servicios sociales, aunque un alarmante 47,8 % ni siquiera los conoce.
Las fuerzas de seguridad informan con frecuencia sobre casos de mujeres en situación vulnerable en países de América Latina que son captadas para viajar a España con engaños de un trabajo y luego son explotadas sexualmente, lo que destaca la urgencia de abordar esta problemática desde diferentes ámbitos, incluyendo la protección de los derechos humanos y la lucha contra la trata de personas.
La asociación In Género insta a tomar medidas concretas para abordar este problema, que afecta a miles de personas, en su mayoría mujeres, y que requiere un enfoque integral que proteja a las víctimas y prevenga la explotación sexual en todas sus formas.
