En una acción determinante, Estados Unidos ha anunciado sanciones dirigidas a ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo acusadas de facilitar la migración irregular hacia los Estados Unidos. Estas medidas, que incluyen restricciones de visa, buscan combatir prácticas que exponen a los migrantes a explotación y violencia.
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El Departamento de Estado estadounidense señaló que estas empresas se aprovechan de migrantes vulnerables, operando servicios diseñados específicamente para facilitar la migración irregular. Esta acción refleja el compromiso de Washington de combatir la explotación de migrantes, ya sea por parte de contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos.
El comunicado también destaca que continuarán tomando medidas para imponer restricciones de visa contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte sin escrúpulos, como parte de una campaña más amplia para eliminar tales prácticas de explotación dentro y fuera del hemisferio occidental, en colaboración con socios en el gobierno y el sector privado.
“Varias empresas que brindan transporte marítimo están facilitando conscientemente el movimiento irregular de migrantes y exponiéndolos a la explotación y la violencia. Las restricciones de visas estadounidenses promueven la rendición de cuentas de estos actores y envían una señal de que nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables: ni los contrabandistas, ni las empresas privadas ni los funcionarios públicos”, señaló EE.UU.
Las restricciones de visa se aplican en consonancia con una política anunciada en febrero de 2024, bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida a altos funcionarios de empresas que brindan transporte destinado principalmente a personas que intentan migrar ilegalmente a los Estados Unidos.
El Departamento de Estado también subrayó que continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas de aquellos que se benefician de la vulnerabilidad de los migrantes, como parte de una campaña más amplia para erradicar estas prácticas en el hemisferio occidental, en colaboración con socios gubernamentales y del sector privado.
Aunque se han anunciado sanciones, el Departamento de Estado ha decidido no revelar los nombres de los sancionados, ya que la legislación estadounidense considera confidenciales los nombres de las personas amparadas por esta sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
