“¿Para qué denunciar si sabemos que acá nada cambia, que no pasa nada nunca?”. La frase, tan contundente como triste, la dice una jugadora del fútbol profesional colombiano que prefiere mantener su nombre en secreto. “Todas ya sabemos que si contamos lo que pasa, nos vetan como a Natalia o a Isabella… Lo que ellas hicieron hace cinco años fue muy valioso, muy importante, pero quedaron marcadas para siempre”.
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La futbolista se refiere a Natalia Gaitán e Isabella Echeverri, quienes el 7 de marzo de 2019, justo antes del Día Internacional de la Mujer, dieron una rueda de prensa junto a Melissa Ortiz y otras jugadoras de la Selección Colombia que cambiaría para siempre el rumbo del fútbol practicado por mujeres en el país. Ese evento también cambió la carrera de las jugadoras que se atrevieron a hablar y el sistema del fútbol femenino colombiano, pues quedó claro que quien denunciaba sería borrada de la selección.
En esa rueda de prensa las futbolistas denunciaron irregularidades y pidieron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) mejores condiciones laborales, recibir salarios y prestaciones sociales que les permitieran concentrarse en el deporte, contar con el pago de viáticos y gastos logísticos, recibir indumentaria deportiva de calidad (muchas veces habían recibido uniformes usados y de hombre), contar un seguro médico en caso de lesiones o accidentes en el deporte, entre otros puntos. Ese año las jugadoras también entregaron un plan estratégico para desarrollar el fútbol femenino en Colombia que fue ignorado por los dirigentes.
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La historia de esta revolución es ambigua. Por un lado, las lideresas de esta revuelta por los derechos de las jugadoras del deporte más popular y poderoso del país fueron vetadas del equipo nacional, pero su protesta abrió los ojos de la afición, de algunos medios y, sobre todo, de los patrocinadores. Ante ese panorama, los dueños de la pelota tuvieron que empezar a cumplir con sus deberes al frente de la organización del fútbol. Los resultados de este cambio de enfoque se han visto en la selección femenina, pero el ruido alegre de la camiseta nacional en mundiales y competiciones continentales no logra ocultar el chocante silencio sobre el abandono de la liga local.
Mientras la Selección Colombia y sus jugadoras han hecho historia en estos cinco años (con una medalla de oro inédita y una final en un Mundial), en el fútbol profesional colombiano la Liga Femenina sigue siendo la última prioridad de la dirigencia, que sigue viendo la organización de este campeonato como un gasto y no como una inversión o una posibilidad de mercadeo que amplíe el portafolio de su producto pero, sobre todo, que sigue considerando a las futbolistas como objetos prescindibles que sólo traen problemas.
Un ejemplo: la confesión no pedida de un dirigente. “Eso no va a dar nada (la Liga Femenina) … ni económicamente ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres. Son más toma tragos que los hombres. Pa’que vea los problemas, pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al equipo. Y fuera de eso, es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, dijo en diciembre de 2018 el entonces presidente del Tolima, Gabriel Camargo, en un hecho que la Corte Constitucional sentenció como un acto de discriminación. Nunca fue castigado por la organización del fútbol, a pesar de que el Artículo 92 del Código Disciplinario Único de la Federación establece una multa de al menos 30 salarios mínimos y una sanción de al menos cinco fechas al directivo que discrimine a cualquier otro integrante del fútbol colombiano.
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Historia de un veto
La protesta liderada por Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, que en esa rueda de prensa estuvieron acompañadas de Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, el sindicato de futbolistas en Colombia, y las jugadoras Oriánica Velásquez, Daniela Montoya, Nicole Regnier, Vanessa Córdoba, Renata Arango, Ingrid Vidal, Sara Pulecio y Yoreli Rincón —quien no pudo asistir pero firmó el documento de denuncia—, desnudó el ostracismo al que estaba siendo sometido el fútbol femenino desde siempre.
Las jugadoras demostraron cómo Felipe Taborda, quien había sido entrenador de las juveniles y de la selección mayor, les cobraba coimas para convocarlas y cómo las futbolistas tenían que poner de su propio bolsillo para asistir a convocatorias, por las que además no recibían viáticos. “Felipe nunca estaba en el hotel con nosotras, ni en las reuniones, ni en las comidas. Solo aparecía en los entrenos cuando se enteraba de que las cámaras de RCN y Caracol iban a estar en la Federación”, denunció en febrero de ese 2019 a La Liga Contra el Silencio una jugadora de selección que prefirió no revelar su nombre. Como se ve, la ley del silencio en el fútbol femenino es de vieja data.
En la rueda de prensa de 2019 se mostró también el audio de 2016 en el que Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF y para muchos el hombre más poderoso del fútbol colombiano, les decía a las integrantes del equipo que Daniela Montoya y el técnico Nelson Abadía, entonces asistente de Taborda, quedaban fuera de la Selección por exigir lo que se les había prometido tras jugar el Mundial de 2015 y clasificar a los Olímpicos.
“Empezaron las convocatorias y los microciclos para los Olímpicos de Río, y no veía mi nombre. Salió la primera lista, la segunda, y nada. Yo siempre estaba en la Selección desde hacía 10 años, siempre me fue muy bien en los torneos. No había otra explicación: salí a reclamar el tema de los premios y de mejores garantías y condiciones para mis compañeras y para mí, entonces empecé a ver que era por esas declaraciones”, explicó la propia Daniela Montoya a El Tiempo.
La exhibición del audio de 2016 tuvo una primera victoria: Montoya no sólo volvió a ser convocada, sino que hoy en día es la capitana de la selección que logró llegar a cuartos de final del Mundial de 2023. Pero Daniela Montoya nunca volvió a protestar públicamente a pesar de que los abusos y malos manejos dirigenciales continuaron. Los vetos silenciosos fueron para Gaitán, Echeverri, Ortiz, Velásquez, Rincón y Córdoba, sistemáticamente borradas del equipo nacional, como un mensaje claro de una dirigencia que no perdona que se desnuden sus miserias.
Echeverri reconoce hoy que una de las victorias que lograron las mujeres con esa protesta fue que ante la denuncia pública de las jugadoras, la Federación se vio obligada a darles ritmo de competencia. “Ahora tenemos amistosos, hay concentraciones y trabajo, ¡eso no nos tocó a nosotras! A nosotras nos tocaba pelear para que nos dieran al menos un entrenamiento. Con el trabajo adecuado y las concentraciones el nivel de la selección es otro y eso se ve en los resultados”, dice.
Pero no fue fácil. Tras la denuncia de 2019 y la presión mediática y política —que incluyó sesiones de trabajo con la entonces vicepresidente Marta Lucía Ramírez y los ministros del Deporte y Trabajo de la época—, el Comité Ejecutivo de la FCF, presidido por Ramón Jesurún, prometió cambiar las cosas en público, pero en privado les exigió resultados a las jugadoras si es que querían cambios.
Ellas cumplieron su parte. En los Juegos Panamericano de 2019 en Lima, la Selección Colombia femenina ganó la medalla de oro. Era la primera medalla dorada en cualquier deporte de conjunto en la historia del país en los Panamericanos. Aunque Jesurún estaba en las tribunas del estadio ese 9 de agosto cuando Colombia derrotó a Argentina en los penales, no bajó a felicitar a las jugadoras. En ese momento, el comentario de una fuente de la FCF a un periodista de esta alianza fue que el directivo estaba muy molesto porque “ese resultado les daba la razón a ellas”. Con trabajo y organización, Colombia podía lograr grandes cosas en el fútbol femenino.
El 2019 fue el año del histórico Mundial de Francia, en donde ese deporte rompió récords de audiencia a nivel global y las jugadoras de Estados Unidos —al final campeonas— se convirtieron en fenómenos mediáticos y culturales, encabezadas por Megan Rapinoe. Todas las grandes marcas del mundo empezaron por fin a ver el potencial comercial y de mercadeo del fútbol femenino, y la Federación Colombiana, en buena medida obligada por el escándalo y en parte apostándole al juego político y comercial que se estaba tomando al fútbol, tuvo —por fin— que hacer algo.
Sin embargo, ese “algo” se demoró en llegar, y vino con el veneno del veto para las que habían protagonizado la protesta. En noviembre de 2019 se jugaron dos amistosos contra Argentina, como revancha por la final panamericana, y en la nómina no estaban ni Gaitán, ni Echeverri, ni Velásquez, quienes estaban en la primera fila de la protesta. Ortiz, la otra líder de la revuelta, ya se había retirado. Yoreli Rincón tampoco fue llamada.
“A mí me dijeron que eran unos partidos para ver jugadoras juveniles, y me pareció perfecto, que se fueran integrando al proyecto y así le apostábamos a futuro”, recuerda Isabella Echeverri cinco años después. “Me ilusioné con que las cosas iban a cambiar, pero después nunca me volvieron a convocar y entendí que nos estaban cobrando por haber contado la verdad”, agrega.
Tras esos dos amistosos, la selección no volvió a ser convocada hasta 2021. La explicación estaba en la pandemia que “paralizó” el balompié mundial. Pero mientras las jugadoras volvían a sentir el olvido dirigencial, en pleno encierro del 2020 por el coronavirus, el equipo masculino jugó cuatro partidos de eliminatorias al Mundial de 2022. No hay virus que valga cuando el negocio de los derechos de televisión del fútbol están en juego.
Una vez superado el confinamiento, la sorpresa fue la convocatoria de la Selección Colombia femenina para dos nuevos amistosos en enero de 2021 frente a la potencia mundial, Estados Unidos. Estos fueron los dos últimos partidos de Oriánica Velásquez con la ‘tricolor’. Ni Gaitán, ni Echeverri, ni Rincón, todas vigentes, todas estelares en sus equipos en Europa, fueron llamadas.
La Selección Colombia femenina jugó ocho amistosos en 2021, cuando entre 2016 y 2020 había jugado un total de siete partidos de entrenamiento. La Federación parecía estar cumpliendo su parte, pero no era gratis: en 2019 la FCF, con el apoyo del entonces presidente Iván Duque, postuló a Colombia como sede del Mundial Femenino 2023, apostándole de frente a subirse en la ola de los beneficios económicos y políticos que Francia 2019 nos había enseñado.
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Ese eco también llegó a los patrocinadores, y Cerveza Águila, el principal socio de la Federación desde 1993, anunció en mayo de 2021 que las Chicas Águila —la campaña publicitaria que cada año impulsaba a modelos en vestidos de baño en cada evento promocional— daban paso a una nueva imagen que tenía como protagonistas a las jugadoras del fútbol profesional colombiano. Abandonaba así la tradicional sexualización de la mujer y se daba un paso gigante en la profesionalización real del fútbol femenino.
La industria se empezaba a mover a favor de las jugadoras, y la FCF decidió facturarlo con la selección. El brillo de la selección nacional eclipsó a la Liga Femenina, que había estado en el centro de esa protesta de 2019 y que cambió la historia… aunque no del todo.