En promedio, en cada día del 2024 el sistema de salud colombiano reportó 266 casos sospechosos de ataques con agentes químicos, violencia de género e intrafamiliar en contra de mujeres o niñas de distintas edades. En total, se han notificado 14.462 casos en solo 55 días, es decir, hasta el 24 de febrero.
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Las cifras dan cuenta de un panorama preocupante de vulneraciones basadas en género en Colombia. Estos casos, que son documentados por el Instituto Nacional de Salud (INS), incluyen hechos de violencia psicológica, física y sexual, además de situaciones de abandono y negligencia, que se pueden presentar con más frecuencia en niñas y adultas mayores.
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Lo preocupante es que las notificaciones vienen en aumento durante los últimos años. El año pasado se reportaron 122.846 casos, unos 12.000 más que durante el 2022 y casi 30.800 más que en el 2021.
Si bien la violencia intrafamiliar es relativamente paritaria durante los primeros años de vida, una vez las niñas entran en la adolescencia la dinámica cambia radicalmente. Mientras las víctimas adolescentes de género masculino fueron 773 durante este año, los casos reportados en las adolescentes de género femenino fueron 2.587.
En cuanto a la violencia sexual, los datos tambien muestran que la población más afectada son precisamente las adolescentes entre los 12 y los 17 años. En ese rango de edad se presentaron el 46 por ciento de los casos relacionados con este tipo de agresiones contra víctimas de género femenino.
Otro indicador inquietante es el que tiene que ver con los lugares donde ocurrieron estas vulneraciones. Según las cifras del INS, el 65,7 por ciento de los casos se presentaron en la vivienda de las víctimas, un 8,18 por ciento en vía pública y un 2,9 por ciento en establecimientos educativos.
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Aunque las cifras compartidas por el INS son preliminares y podrían estar sometidas a ajustes, también son claves para tomarle la temperatura a la violencia basada en género. No requieren de una denuncia formal ante el sistema judicial para entrar dentro de su base de datos y tampoco deben pasar por un proceso jurídico de verificación, sino que se reportan con base en el criterio del personal sanitario.
Sin embargo, son las denuncias y los procesos penales y civiles los que garantizan que las agresiones perpetradas contra las mujeres y las niñas se investiguen y se castiguen oportunamente. Pero a la justicia le ha costado judicializar a los responsables de estas vulneraciones.
María Camila Correa Flórez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostuvo que el sistema judicial es más lento de lo normal en los casos de violencia de género.
“Pero creo que tenemos un avance en los últimos años en interpretación de las normas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia aboga sistemáticamente y da la orden de aplicar el enfoque de género en todas las etapas del procedimiento (judicial)”, señaló la experta.
Y añadió que una de las razones por las cuales existe impunidad es que los administradores de justicia y los investigadores no aplican el enfoque de género.
No obstante, María Helena Luna, abogada penalista y docente, consideró que la operación de la justicia colombiana en los casos de violencia de género es “deficiente”. Por eso, le cuesta proteger a las víctimas.
“Los feminicidios son, en su mayoría, posibles de prevenir. No son sorpresa. Sin embargo, se desestiman las alertas y denuncias. Hay una normalización de la violencia machista en todos los escenarios, no se advierte mejoría”, anotó la jurista.
De acuerdo con cifras del Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, compartidas por la Procuraduría en febrero pasado, durante el 2023 se presentaron 525 feminicidios a nivel nacional.
Las elevadas cifras de vulneraciones a los derechos de las mujeres y las niñas ameritaron que el ente de control emitiera múltiples alertas y le pidiera a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, cumplir algunos compromisos encaminados a prevenir la violencia de género.
En efecto, la vicepresidenta ha señalado que en su cartera ministerial están implementando seis programas que no solo se enfocan en prevenir las violencias basadas en género, sino también en mitigar las condiciones laborales y económicas que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres.
Entre otras cosas, estas políticas incluyen la promoción de la autonomía económica de las mujeres, el abordaje integral de las violencias en su contra y la habilitación de casas de refugio integral.
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También es clave que la justicia redoble los esfuerzos para operar de forma más efectiva. Para la abogada penalista María Helena Luna debe haber un “seguimiento efectivo de los casos, control periódico de resultados y de asistencias prestadas a las víctimas y familiares”.
Por su parte, la profesora Correa Flórez indicó que es fundamental que los funcionarios tengan claro que el enfoque de género no riñe con la presunción de inocencia. Y, en esa medida, recomienda “hacer análisis en contexto, evitar revictimizaciones y no poner en duda el testimonio de las víctimas”.
Y recordó que hay muy poca confianza en el aparato institucional por cuenta del manejo que históricamente les ha dado a las vulneraciones que a diario sufren niñas y mujeres en el país.