La Securities and Exchange Commission (SEC), una agencia estadounidense que protege a los inversionistas que cotizan en la bolsa de ese país y mantiene la integridad de los mercados de valores, profirió una acusación este jueves 10 de agosto, en contra del Grupo Aval -en cabeza de su presidente de la Junta Directiva, Luis Carlos Sarmiento- y a su filial bancaria, Corporación Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
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En la comunicación, la SEC decidió no presentar cargos en contra de accionistas, directivos ni empleados del holding Grupo Aval Acciones y Valores SA y Corficolombiana, pero por el contrario, impuso sanciones de más de 80 millones de dólares con el fin de que paguen investigaciones paralelas de soborno por parte de autoridades penales, civiles y administrativas en los Estados Unidos.
El argumento de la agencia de Estados Unidos, tras cinco años de investigación, se basó en documentos judiciales entre 2012 y 2015, los cuales develaron que Corficolombiana conspiró para ofrecer y pagar más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano para ganar un contrato para construir y operar a Ruta del Sol II, más exactamente el tramo Ocaña-Gamarra.
“Corficolombiana conspiró con Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcción con sede en Brasil, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano en los poderes ejecutivo y legislativo y a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y explotar la Ampliación Ocaña-Gamarra”, aseguró la SEC.
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Y agregaron que Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones en ganancias del negocio obtenido de manera corrupta. “Para llevar a cabo el esquema de soborno, Corficolombiana hizo que otras entidades celebraran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que traspasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano”.
Del total de la sanción, la SEC discriminó los pagos a realizar por Corficolombiana de la siguiente manera: más de $40 millones en intereses de restitución y anticipación como parte de una resolución de la investigación paralela de la SEC. Y una sanción penal de $40,6 millones de dólares.
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En 2016, directivos de la multinacional brasileña Odebrecht reconocieron ante la justicia de Estados Unidos el pago de coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno en al menos 12 países en Latinoamérica. Esto con el objetivo de recibir a cambio beneficios en contrataciones públicas de infraestructura.
Ante este grave caso de corrupción, la Fiscalía de Colombia recibió en el 2017 una compulsa de copias donde aparecieron los nombres como del exprimer mandatario, Juan Manuel Santos, por presuntos ingresos de esa compañía, que terminó en la condena de su gerente de campaña, Roberto Prieto, tras reconocer el delito y a mediados de julio de este año, del excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga.
