En la noche de este miércoles, por unanimidad, fue aprobado en cuarto y último debate en la Cámara de Representantes, el proyecto que busca eliminar la violencia política contra las mujeres. La iniciativa, de la autoría de la senadora María José Pizarro con ponencia de las congresistas, Cathy Juvinao y Delcy Isaza, sólo le restan la conciliación y la sanción presidencial para ser un hecho.
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El proyecto pretende hacer efectivo el derecho a la participación de las mujeres en política, en línea con los mandatos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En primer lugar, se consagra la categoría de la violencia política contra las mujeres, definiéndose como toda acción, conducta u omisión realizada en el ámbito público o privado que, basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica, que tenga por objeto o resultado menoscabar, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de los procesos electorales, de participación ciudadana, representación democrática y el ejercicio de la función pública.
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Y es que según el texto, cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas a la violencia política, especialmente la restricción en el uso de la palabra (23,8 %) y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31 %).
¿Qué busca el proyecto de Ley?
Para prevenir los tipos de violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, digital o simbólica contra mujeres que ostentan cargos de elección popular, se establece que el Gobierno tendrá diseñar mecanismos para recopilar casos y denuncias, la formulación de estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia, la promoción de liderazgos políticos de mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de observación y el acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género.
Así mismo, se plantea que las autoridades electorales, órganos de control, los partidos y movimientos políticos actúen para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres en política a través de rutas y protocolos oportunos. Además, se propone que las Corporaciones públicas garanticen canales de atención para todas las mujeres en ejercicio o goce de sus derechos políticos.
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También se contempla que la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las personerías presten acompañamiento y asesoría legal en los casos de violación de la ley. Así mismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá retirar la publicidad que, con base en estereotipos de género, denigren a las mujeres en política.
“La política no tiene porque ser un ambiente violento para nosotras las mujeres, debe ofrecer condiciones seguras para que podamos ingresar a procesos de liderazgo, en condiciones de equidad, sin reproducir patrones de subordinación de la mujer frente al hombre. Hoy es un gran día”, dijo la representante Catherine Juvinao.
