La reforma pensional ya fue radicada en el Congreso de la República y se sigue concertando detalles para que inicie su trámite oficialmente la semana de pascua. El proyecto llegará a las instancias legislativas para que inicien los debates y sea aprobada tal cual o con modificaciones concertadas entre los congresistas. Publimetro Colombia le presenta una análisis realizado por un experto.
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Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, es enfático en que uno de los grandes interrogantes que dejan los pilares de la reforma pensional presentada por el Ministerio de Trabajo es de dónde va a salir el dinero para financiarla. Además, explica que su análisis le deja interrogantes sobre la alta complejidad en el manejo de las cifras del pasivo pensional.
Cabe mencionar que el proyecto contempla crear una comisión que cada cuatro años evalúe la posibilidad de modificar parámetros del sistema pensional, tales como edad de jubilación, tasas de reemplazo y semanas de cotización. Amorocho destaca que “estas facultades tan amplias para modificar la estructura de Colpensiones son inconstitucionales y lesionan el principio sustancial de reserva de ley”.
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¿Y la plata de dónde saldrá?
La cifra que alcanza el déficit pensional total de los colombianos sigue siendo un tema de discusión. Mientras Asofondos expone que alcanza $240 billones, Anif dice que es posible que llegue a unos $249 billones. El Ministro de Hacienda, aduce que con la reforma, este déficit podría reducir del 67 % al 55 %.
Ocampo asegura que estor resultados se podrían obtener con los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma y la implementación de un fondo de ahorro que permita dar un manejo responsable a los recursos del sistema pensional.
Sin embargo, el profesor experto Amorocho, se observan grandes distancias entre unos y otros actores que han entrado en tensión con la reforma. El gobierno ha argumentado que la reforma promete una reducción del déficit pensional de $12 billones. Por el contrario, gremios y algunos analistas manifiestan que más bien aumentará por encima del 60 %.
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“Esto nos conduce a interpretar que la espina dorsal de la dificultad de esta reforma está en su financiación y en sus estimaciones y proyecciones financieras y actuariales, que no se han podido evidenciar en un modelo financiero y mucho menos en los marco fiscal y de gasto de mediano plazo que aún no aporta el Ministerio de Hacienda al Congreso”, agregó el experto.
Amorocho reitera en que el hecho de que aún no se haya expuesto un plan financiero “deja un manto de incertidumbre sobre la financiación del sistema de pilares de la nueva reforma”. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda explica que aún no aporta un plan financiero porque aún no existe claridad en lo que se acuerde con el Congreso sobre el nuevo sistema de pilares, por lo que mientras no se concerte este parte no se referirá a cifras definitivas en materia financiera.
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No aclara de dónde saldrá dinero para el pilar solidario
El experto acota que la medida del pilar solidario es clave para lograr justicia social y la equidad en el país, pero la financiación es un problema particular de esta proposición.
El experto enfatizó que tras su análisis es imposible acomodar recursos para hacer realidad el pilar solidario y que aunque el Gobierno explica que se haría vía el presupuesto nacional, las cuentas no son claras. “Aunque en el proyecto de reforma se contempla la iniciativa de crear un nuevo fondo de ahorro, los recursos del pilar solidario serían financiados con rentas provenientes del presupuesto nacional, lo cual deja dudas, ya que si es por ingresos ordinarios la reforma tributaria reciente no los estableció, y si es por deuda pública la regla fiscal no está permitiendo aumentar el endeudamiento”, explicó Amorocho.
Así las cosas, se podría deducir que los recursos provenientes de cotizaciones se terminarían utilizando para pagar el pilar solidario y Amorocho explica que esto “no habilitaría al Estado para albergar la posibilidad de financiar gasto público social con contribuciones parafiscales, puesto que las rentas parafiscales, según lo dispone el artículo 2 de la ley 225 de 1995, tienen destinación específica en el sector que origina la renta, que es la del sector de los trabajadores”.
Amorocho dice que es pertinente pensar ahora más que nunca en impulsar programas de formalización empresarial, profundización de la factura electrónica y depuración de las bases de datos del Sisbén, entre otros. Esto con para que se puedan obtener recursos reales y “no caer en la posible tentación de pensar financiar previsibles déficits pensionales con recursos líquidos de las cotizaciones de pensiones”, según dijo.
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Facultades para modificar parámetros pensionales serían inconstitucionales
“Somos un Estado Social de Derecho, en que la distribución de los pesos y contrapesos está muy clara. La aprobación de artículos con solicitudes de facultades tan amplias para modificar la estructura de Colpensiones son inconstitucionales y lesionan el principio sustancial de reserva de ley”, comentó Amorocho.
Alerta que en el proyecto se solicita crear una comisión que cada cuatro años evalúe la posibilidad de modificar parámetros del sistema pensional, tales como la edad de jubilación, tasas de reemplazo y semanas de cotización, pero este aspecto podría ser inconstitucional, pues pretende saltar el debido proceso para hacer este tipo de modificaciones.
“El país sí requiere estas reformas, pero es pertinente que se hagan con suficiente debate, de cara al país y con irrestricto respeto al cumplimiento del principio de reserva de ley y bajo el marco ineludible de unas claras reglas del juego en materia de financiación” concluyó.
