Salir de sus tierras y dejar atrás toda una vida por cuenta de la violencia provocada por grupos armados ilegales es igual de doloroso para las comunidades que, a causa del fuego cruzado, deben permanecer refugiadas en sus viviendas por largos periodos de tiempo, sin poder ni siquiera asomarse.
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“Tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento de comunidades se consolidaron en 2022 como dos de los fenómenos que mayores vulneraciones a los derechos generaron para las comunidades de las zonas del país con mayor presencia de grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial para el desarrollo de sus actividades ilegales”, dijo este jueves el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que en esta última semana le ha entregado al país un balance sobre hechos violentos ad portas de una Paz Total que promete el Gobierno Nacional.
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“El balance de 2022 resulta muy negativo: un total de 20.316 familias fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional, mientras que otras 15.761 personas resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento”, explicó Camargo.
Pese a la presencia y acompañamiento de diferentes ONGs a las comunidades afectadas, y aún cuando muchas de estas comunidades vivieron el proceso de paz de las Farc, el Estado sigue en deuda con las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el país, y con la protección real de sus derechos, según lo establecido en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional.
Los más afectados
Los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado son siete, ubicados en su mayoría en la zona del Pacífico colombiano.
Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del 2022, fueron: Nariño con 45 desplazamientos masivos, Chocó con 28, Cauca 15, Arauca y Norte de Santander (cada uno con 8 casos), Valle del Cauca (7) y Putumayo, Bolívar y Córdoba con cinco casos cada uno.
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Según datos entregados por la Defensoría, aunque el número de casos de desplazamiento durante 2022 fue inferior a los 163 registrados durante 2021, el año pasado fue uno de los años con más hechos de desplazamiento forzado en los últimos seis años. En 2017 ocurrieron 51, en 2018 fueron 99, para el 2019 alcanzaron los 79 y para el 2020 llegó hasta los 92 casos.
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Además, en 2022 un total de 15.761 familias, de 303 comunidades, tuvieron que confinarse en sus territorios debido al accionar de los grupos armados ilegales, quienes también instalan artefactos explosivos en sus territorios y profieren amenazas, lo cual genera la imposibilidad de desarrollar sus actividades de siembra, caza, pesca, entre otras, poniendo en riesgo sus supervivencia.
Los eventos de confinamiento presentaron un importante aumento, en relación con los 40 casos del año 2020 y de los 109 en el 2021. Chocó es el departamento que más ha sufrido este tipo de vulneración a sus comunidades, con 65 eventos de confinamiento. Luego están Arauca, con 39; Valle del Cauca, con 10; Cauca, con 9; Nariño, con 4 hechos; Antioquia, con 2, y Bolívar, Córdoba y Risaralda, con 1 caso cada uno.
“Además de la protección y seguridad que deben prestar las autoridades militares y de policía a las 36.077 familias víctimas de desplazamiento forzado y de confinamientos en el 2022, es urgente que las autoridades atiendan las recomendaciones de las diferentes alertas tempranas donde la Defensoría del Pueblo advierte el riesgo de desplazamientos y confinamientos”, concluyó el defensor.
