La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha, Cundinamarca, por presuntas irregularidades en el presupuesto destinado al alumbrado navideño, el cual habría sido adquirido con sobrecostos.
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Entre otros hechos, la entidad investigará si se invirtieron más de $3.000 millones en decoración, rubro contemplado en ciudades grandes del país; la razón por la que aunque en 2021 se compró un árbol de Navidad por $303 millones, en este 2022 se decidió alquilar uno por cerca de $330 millones; y los presuntos excesos en pagos por instalaciones y personal de seguridad.
El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan justificar los incrementos en las sumas destinadas por la administración para estos conceptos, así como lo pagado por alquiler arbolitos de plástico, animales de juguete, pastores y aldeanos.
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La actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de los hechos y, en especial, identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada.
La Contraloría General también habría tirado la casa por la venta
W Radio conoció un contrato celebrado el 11 de noviembre por el Fondo de Bienestar Social del ente de control, con Cafam, en el que por casi $500 millones, la entidad y sus funcionarios participaron el martes 6 de diciembre, de una celebración en la Plaza de Andrés del Centro Comercial Santafé.
Durante la actividad, los funcionarios contaron con un concierto por hora y media a cargo del cantante, Jorge Celedón. Además, por alrededor del mismo tiempo, reirán con los chistes de ‘Don Jediondo’.
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Estos dos artistas, según el contrato, costaron cerca de $120 millones, pues nada más, el artista de vallenato, cobró $97 millones.
El gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General, Carlos Oscar Vergara, explicando que la función de este órgano es planear desde el inicio de cada año, actividades como la de integración y cierre de vigencia 2022, y ejecutar programas recreativos y culturales para los funcionarios de la Contraloría General y sus familias.
“El costo de la actividad se destinará para atender a mil (1.000) funcionarios de la CGR, en el marco de las actividades de Bienestar (...) Reiteramos desde el Fondo de Bienestar Social que la Contraloría General de la Republica no tiene ninguna relación con esta actividad”, señaló Vergara, aunque, asegurara que este Fondo está adscrito a la entidad.
