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Los crímenes que se hicieron a la sombra de la pandemia y que ahora salen a la luz en Iberoamérica

El último informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) indaga en los impactos de la pandemia más allá de las vacunas y la salud pública

Los 23 que contiene la región de Iberoamérica, a parte de ser golpeados fuertemente por la pandemia, como en el resto del mundo, también vivieron el aumento de delitos que se hicieron en la sombra del trajín que se generó por la urgencia de la salud pública a nivel mundial. Una nueva investigación revela los detalles.

Mientras los Gobiernos de la región iberoamericana se dieron a la tarea de solucionar la crisis en salud que generó la llegada de la Covid-19 al continente, los inescrupulosos intentos por tomar partido de esta situación aumentaron en tres ocasiones: corrupción, ciberdelincuencia y crímenes medioambientales. La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano (UIP) realizó una investigación con base en el informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) sobre estos crímenes, especializándose con conceptos de expertos en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, España, México y Colombia

En el caso de Colombia se conocen datos alarmantes en donde la COMJIB recordó el caso de corrupción ocurrido en San Antonio, en el departamento del Tolima, en donde se adquirieron insumos médicos de manera irregular y que concluyeron en una multa de por lo menos 15.3 millones de pesos para el alcalde Jorge Iván Vásquez y su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez. De igual forma, durante 2020 y 2021, se presentaron 765 denuncias por tráfico de influencias en el país.

Los ciberdelitos a nivel internacional también aumentaron y el que más se fue al alza fue la estafa, mostrando un aumento de más del doble, pues en 2018 se presentaron 79.918 estafas y en el 2021 175.680. Pero las cifras se ponen aún más alarmantes en el caso del ‘ransomware’ o secuestro de datos, en donde se registró un aumento de 435% de denuncias en el año 2021 a nivel global. En el caso de Colombia, la Fiscalía General de la Nación registró un crecimiento de las noticias criminales por acceso abusivo a sistemas informáticos en un 166%; por hurtos por medios informáticos en un 70% y, alarmantemente, por delitos de pornografía infantil en un 39%.

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Además, hablar de los delitos medioambientales pone de luto a Colombia, pues según Global Witness en el año 2021 se asesinaron a 65 líderes y defensores medioambientales, ubicando al país en el primer lugar de Iberoamérica y del mundo de los más violentos para escuderos del medio ambiente.

Pero en todos los países iberoamericanos se hizo evidente el aumento de estos tres tipos de delitos. Como por ejemplo en Ecuador, en donde se presentaron sobrecostos en la compra de insumos de bioseguridad. En Bolivia hubo irregularidades en la adquisición de tecnología médica. En Argentina se dieron posibles irregularidades en el plan nacional de vacunación, entre otras situaciones.

Colombia, con un paso adelante y uno atrás para proteger el medio ambiente

Las autoridades colombianas se han caracterizado por tener tipificados varios tipos penales que incluyen crímenes contra el medioambiente, pero a pesar de esto y como ya se hizo evidente en el informe de COMJIB, Colombia sigue siendo un país peligroso para defender el medio ambiente, además de posicionarse con graves cifras de delitos como la contaminación, la minería ilegal y la deforestación.

Estos son precisamente los delitos que se han dado a la alza en el territorio nacional, según lo afirmó en entrevista para Publimetro Colombia y la UIP María Ángeles Fuentes Loureiro, redactora del informe para el espectro de medioambiente en España, quien acotó que Colombia resalta por sus aspectos a mejorar en este caso. La experta aclara que precisamente en Colombia se han hecho visibles estas problemáticas debido a la regulación que existe al respecto, que termina por hacerlas visibles para castigarlas.

“El hecho de que un país cuente con una regulación amplia sobre delitos medioambientales y con mecanismos e instituciones especializadas es precisamente lo que hace que estos sean perseguidos y castigados, de modo que esas conductas criminales se hacen visibles. Si un país no cuenta con normativa o instituciones que permitan la persecución de conductas atentatorias contra el medio ambiente, aunque, en efecto, se lleven a cabo, estas no van a ser investigadas ni castigadas y, por tanto, no se verán reflejadas en los datos oficiales”, agregó al respecto.

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Fuentes resalta que Colombia posee dinámicas conflictivas como la presencia de grupos de crimen organizado que perpetran ataques medioambientales y que además, la protección del Amazonas, zona que une al país con el vecino Brasil, pueden ser factores que explican las altas cifras que se presentan en ambos países. Con respecto a los defensores y defensoras del medio ambiente, la redactora de la COMJIB señala que “el problema de fondo muestra un conflicto entre el interés económico de una población que, en muchas ocasiones, es vulnerable en lo social y en lo económico, y también vulnerable por un sector de la población especialmente vinculado al medio natural”.

Por su parte, la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Externado, María del Pilar García, acota que “los actores al margen de la ley han aprovechado para realizar actividades ilícitas que tienen que ver precisamente con el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales”. Además, expone que los vertimientos, emisiones y diferentes formas de contaminación fueron las acciones que rápidamente impactaron en el medio ambiente durante el aislamiento, pues la falta de control a los criminales les permitió actuar con mayor facilidad.

Es necesario, según argumenta, que la ciudadanía se involucre en la denuncia de delitos medioambientales y que a su vez las instituciones provean mecanismos accesibles y que garanticen el anonimato. Por último, Fuentes acota que la rectificación del Acuerdo de Escazú, que ya se dio en Colombia, el mejoramiento del sistema legislativo y del sistema de información pública, así como las posibilidades de participación de la ciudadanía en proyectos de defensa del medio ambiente, serán aspectos claves para permitir que Colombia siga siendo el paraíso medioambiental que todos deben preservar.

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