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El Estado no garantizó la vacunación de la Colombia profunda: la deuda con comunidades indígenas y afro

Un nuevo informe de la Oxfam, reveló que comunidades étnicas aún no cuenta ni con el 50 % del esquema completo de inmunización

Miembros de una brigada de vacunación caminan por una zona de vegetación densa en Chaguani, Colombia. Las brigadas de vacunación se abrieron paso en las inhóspitas zonas rurales de Colombia para administrar las vacunas Novavax a las personas mayores.

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaraba emergencia sanitaria en el mundo ante la llegada del virus denominado SARS-CoV-2/ COVID-19, que hasta julio de este año, dejó como consecuencia el fallecimiento de 6.40 millones de personas, según la plataforma, Our World in Data.

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En Colombia, no fue sino hasta el 6 de marzo de 2020, que el Ministerio de Salud reportó el primer caso, tras unos análisis practicados a una connacional de 19 años, que provenía de Milán, Italia.

Con esta noticia, el país tuvo que confinarse por meses, evidenciando no solo la desigualdad social en acceso a una salud de calidad que atendiera a la población contagiada, sino también, cuando se conoció que ya había una vacuna, que el gobierno adquiriera las suficientes dosis y empezara a proteger a la población de manera inmediata.

Sin embargo, y debido a la disponibilidad limitada, a causa de que los países clasificados como de alto ingreso financiero, acapararon las dosis (Duke Global Health Innovation Center, 2021), el gobierno del entonces presidente, Iván Duque, tomó la decisión de priorizar cierta población que era más vulnerable al contagio.

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Así nació el Plan Nacional de Vacunación, que hasta el momento, según datos del Ministerio de Salud, con corte a julio de 2022, Colombia cuenta con una cobertura promedio nacional, del 56,29 % respecto al esquema completo de inmunización.

Dato, que para el nuevo viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, refleja un ritmo de vacunación “insuficiente”, luego de un año y medio.

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Esta preocupación no pasó en vano. Y la organización Oxfam Colombia en conjunto con Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de La Universidad Nacional, lo investigaron.

En la última publicación de su informe, determinaron cuáles fueron las barreras en la inmunización para la población vulnerable y así entregar recomendaciones para lograr una vacunación equitativa.

¿El estado garantizó la vacunación en población vulnerable?

Según la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, el estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección.

Norma, que el Plan Nacional de Vacunación no debía ignorar y por el contrario, implementar. “Era deber del Estado garantizar la vacunación de los habitantes de territorios aislados y dispersos”, señala el documento.

Y es que en departamentos como Cauca, Guainía, Chocó, La Guajira, Vaupés y Vichada, aún no superan el 40 % de cobertura en esquemas completos para su población (MinSalud, 2022).

Lo que más llama la atención, es que son territorios dónde tradicionalmente habita un número importante de población indígena y afrodescendiente.

Los cuales, según el DANE, fueron los más afectados por el COVID-19 en cuanto a fallecidos: 3,19 % y 3,24 %, respectivamente. Esto, en comparación con la tasa general de letalidad por caso de 2,54% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021).

Por ello, el estudio de la Oxfam, tomó en consideración la etnicidad como una variable de vulnerabilidad, identificando cinco territorios de interés: Vigía del Fuerte, Leticia, Ipiales, Turbo y Buenaventura, a partir de factores como índices de pobreza, mayor número de habitantes afro e indígenas, y más.

Los factores que llevaron a limitar la vacunación en población étnica

A partir de fuentes como MinSalud con corte al 2 de abril de 2022 y datos demográficos del DANE, la Oxfam y demás colaboradores, evidenciaron que Vigía del Fuerte, solo cuenta con el 12 % del primer refuerzo; Leticia, el 33. 3 %; Ipiales, 27. 2 %; Turbo, 7.7 %; y Buenaventura, 9.1 %.

Las razones, según el informe, son una serie de factores geográficos, regulatorios, sociales y culturales.

En primer lugar, está en que las vacunas no llegaron al país hasta el 15 de febrero del 2021, a comparación de otras naciones que fue en el último bimestre del año 2020. Eso, pues al parecer, el gobierno pasado no estableció alianzas para incidir en los escenarios globales de negociación.

Asimismo, una vez arribaron, era necesario que permanecerían en ultracongelación para su conservación, por ende el Ministerio de Salud, indicó que la aplicación del biológico solo se haría en las grandes urbes. Ignorando que esta población diferencial, se encuentra localizada en zonas periféricas y alejadas, en la que se dificulta su transporte.

“Los grupos armados también fueron un factor que impidió el avance de los funcionarios de vacunación: ellos prohibían y decían quién podía y quién no podía pasar. Los que podían ir tenían mucho miedo”, mujer joven afrodescendiente.

Por otra parte, señalan que la información institucional para comunicar adecuadamente sobre que trata la vacunación, no tuvo un enfoque, sobre todo para los indígenas, de acuerdo a su lenguaje y cultura.

De allí que se desligue el respeto por su cosmovisión. Pues el estudio dio cuenta que una de las principales brechas, se da por la importancia de los pueblos a la medicina tradicional por encima de las vacunas.

“Varios consejos regionales indígenas tomaron la determinación de no acogerse al Plan Nacional de Vacunación por falta de consulta previa y no poseer un enfoque diferencial que tenga en cuenta las tradiciones culturales de pueblos indígenas”, dice el informe.

Y finalmente, la problemática del acceso: vías sin pavimentar, la inexistencia de vías o condiciones climáticas adversas.

Todo esto, para los investigadores, “no es alentador”. Y cómo lo indicó CEPAL en 2020, “las pérdidas de vidas de estas poblaciones y las carencias sociales agravadas por esta crisis sanitaria tendrán consecuencias a las que el Estado tendrá que hacer frente”.

Por ello, el informe le pide al gobierno reconozca las principales brechas para inmunizar a la población vulnerable y tome medidas en favor de quienes pueden verse mayormente afectados por la pobreza y las desigualdades sociales intensificadas por la crisis sanitaria vivida.

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