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“¡Hacemos historia!”: el acuerdo al llegaron ganaderos con Petro para compra de tierras

Le explicamos lo que se firmó, a quién van destinadas las tierras y qué parámetros habrá para dárselas.

El Gobierno de Gustavo Petro se posicionó en el Ejecutivo el pasado 7 de agosto con la promesa de rescatar el Acuerdo de Paz que se pactó con la antigua guerrilla de las Farc-EP y con las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia. Tras más de 5 años del Acuerdo, la implementación se ha visto relentizada, en parte, por la lenta gestión que se realizó en la administración del gobierno Duque, que precisamente llegó a la Presidencia con la bandera en contra de este Acuerdo.

Pocas semanas después de asumir el mando, el presidente brindó claves sobre cómo planteaba cumplir uno de los puntos claves de este texto sobre la repartición de la tierra: el punto 1, y hace solo un par de días finalmente se materializó su anuncio en un acuerdo que firmó con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), más exactamente con su presidente, José Félix Lafaurie, también esposo de la senadora del partido de oposición Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “Con el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos logrado puntos de acuerdo que nos permiten apoyar de manera decidida una reforma agraria que impulse el campo colombiano. ¡Los ganaderos hacemos historia!”, fue el pronunciamiento que compartió el dirigente ganadero sobre este acuerdo.

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Y sí, el acuerdo resulta histórico, pues el sector ganadero es el que tiene mayor tenencia de tierra en Colombia y ahora lo firmado permitirá que dejen de poseer 3 millones de hectáreas que serán destinadas a campesinos, según lo estipula el primer artículo del Acuerdo de Paz con las Farc, que ha sido constantemente reclamado por las comunidades víctimas del conflicto, quienes pusieron sus esperanza en la Reforma Rural Integral.

¿Qué se firmó?

El acuerdo, entonces, fue firmado por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en un acto en el que participó el presidente Gustavo Petro. Este determina, entonces, que el Gobierno comprará a precio comercial las tierras que serán vendidas de manera voluntaria por los ganaderos propietarios.

El precio al que serán compradas será el comercial y el pago se efectuará con bonos de deuda pública o cualquier otra forma que pueda determinar el Gobierno para endeudarse y hacer esta inversión de por lo menos 60 billones de pesos. Luego de ello, el Gobierno venderá a precios más bajos a las comunidades campesinas, que deberán estar caracterizadas como población indígena, campesina y afrodescendiente que no tengan tierra.

¿Qué características deben tener las tierras?

Estas hectáreas serán adquiridas por el Estado con el propósito de alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado como parte de la Reforma Rural Integral, para “democratizar la tierra” y reconocer “los derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas”, según expresa la misma. El presidente Gustavo Petro acotó que estas tierras deben tener condiciones de máxima fertilidad, ya que estas serán puestas a producir.

De igual forma, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, agregó que deberán ser “tierras que no tengan ningún tipo de problema legal”, por lo que deberán estar saneadas en términos fiscales y en manos de sus propietarios, estando completamente dispuestas para que se pueda haber el proceso de compra comercial.

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¿Quién determina cuáles tierras?

La ministra López también señaló que el Ministerio de Agricultura será el encargado, con toda su institucionalidad para determinar las tierras que entrarán a este acuerdo de compra, mediante la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Esta institución adscrita a la cartera de Agricultura se encargará de evaluar qué tierras entrarán por su nivel de productividad, la cual determinará a su vez el precio pactado.

Entonces, una vez la UPRA haga esta caracterización, pasará a trabajar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), con el cual se fijarán precios mínimos y máximos de la compra de la tierra. En medio de esto “se tratará de hacer piloto del catastro multipropósito. Ese conjunto de elementos nos dará el precio de la tierra que será a precio de mercado”, en cumplimiento de la Ley 160 de 1994, según explicó la funcionaria.

A parte de esto, López aseguró que se consolidará un plan con el cual se asegurará la productividad de esas tierras, además de la comercialización de los productos que se cultiven en estas. “Se va a requerir que haya grupos de productores y esos grupos de productores van a ser apoyados por la Agencia de Desarrollo Rural, porque se trata de llevarle proyectos productores”, agregó la ministra. Por último, la ministra explicó que el Gobierno nacional llevará a cabo planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias, que son de vital importancia para que los campesinos puedan transportar y comercializar competitivamente sus productos.

Este sería el primer paso de aquella “democratización” de la tierra de la que Gustavo Petro habló durante su campaña y por la que muchos lo señalaron de querer expropiar tierras, lo cual ahora se desdibujaría para pasar a hacer más equitativa la tenencia de la tierra en Colombia y “hacer historia”, como repitió luego de la firma del mencionado acuerdo.

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