La ocupación ilegal de tierras en Colombia es un problema que se viene presentando desde hace algún tiempo, pero en los últimos meses aumentó, convirtiéndose en una piedra para el nuevo Gobierno, que en medio de promesas ha dado esperanzas a varias comunidades de devolverles sus territorios ancestrales.
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Pero la llamada “democratización de la tierra”, de la que habló Gustavo Petro aún está en proyecto y mientras esto toma cuerpo, organizaciones indígenas se empezaron a tomar tierras por su propia cuenta, omitiendo los llamados de la autoridad.
De esta forma es como ya en 10 departamentos del país existen denuncias de miles de hectáreas ocupadas ilegalmente por grupos de personas, principalmente comunidades indígenas, que reclaman los espacios que ocuparon sus antepasados. Los casos más graves se concentran en Cauca, Valle del Cauca y Cesar.
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Llamado del Gobierno
A pocos días de la posesión de Gustavo Petro, su vicepresidenta, Francia Márquez, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, enviaron un mensaje a quienes promueven las invasiones, asegurando que sí habrá una reforma agraria y que, como Gobierno, están dispuestos a “saldar la deuda histórica que existe” con varias comunidades. Sin embargo, “esto implica un proceso que se debe surtir, en la medida en que muchas de estas propiedades están en procesos de extinción de dominio y, también, se debe hacer un análisis para la entrega de estos predios a quienes más lo necesitan, dentro de nuestra política de equidad y democratización de la propiedad”, señalaron en su momento.
Ahora la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han hecho llamados contundentes al Gobierno para que se tomen acciones efectivas.
La procuradora Margarita Cabello pidió específicamente al ministro Velásquez que ordene a la Policía a actuar de manera inmediata, “dentro de las 48 horas después de la ocupación, que estipula la ley” para desalojar a los invasores. Sin embargo, Velásquez aclaró que “pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene una orden judicial”. Y pese a que la Policía sí ha actuado en varios casos de invasión, es muy difícil identificar en qué lugares se está presentando una ocupación ilegal antes de los dos días.
Entonces, el defensor del Pueblo pidió agilizar la implementación de las acciones para atender la conflictividad social por ocupación de tierras. “Se requiere tener en cuenta el carácter diferencial de las ocupaciones de tierras y actuar con agilidad para poner fin a las vías de hecho, toda vez que tolerar las ocupaciones de predios privados desborda el marco legal”, indicó el defensor Carlos Camargo.
Para la Defensoría del Pueblo resulta claro que existe un carácter diferencial entre las ocupaciones ilegales, pues mientras algunas son de base social y requieren de medidas concertadas con las comunidades, otras tienen orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutren de intereses asociados a economías ilícitas. Justamente, en estas últimas, “ameritan respuestas contundentes para proteger los derechos de los campesinos y evitar el recrudecimiento de la violencia en los territorios”, dijo la entidad.