Los congresistas de la Comisión Primera del Senado discutieron, en primer debate, el acto legislativo que reforma el sistema político colombiano y que establecería el voto obligatorio durante las dos elecciones siguientes a la promulgación. Además, aseguraron que no tendría sanciones ni consecuencias para los ciudadanos que no acudan a las urnas.
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Varios de los congresistas presentaron sus posiciones y aseguraron que la iniciativa del voto obligatorio no resolverá la crisis de la representatividad, así lo aseguró el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, según W Radio, al afirmar que “no resuelve el problema de crisis de representatividad” y además, defendió la legitimidad de la abstención de los votantes.
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Por su parte, el senador de la Alianza Verde Centro Esperanza, Ariel Ávila, dijo que con “el voto obligatorio hace más difícil que operen las grandes maquinarias (...) Entonces, obligamos a nuestros jóvenes a que empuñen armas y no los obligamos a que tengan derecho al voto, ¿cómo es eso?”, cuestionó a los demás congresistas.
Por el momento las cartas están sobre la mesa y el proyecto sigue vivo para continuar con su curso y que pueda pasar todos los estamentos y de ser aprobado, así llegar a la sanción presidencial.
Cambios que incluye la Reforma a la Política
Los congresistas aprobaron la propuesta para que ningún ciudadano pueda ser elegido por más de cuatro períodos consecutivos, es decir 16 años, en el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital o Municipal, y la Junta Administradora Local.
Con respecto al transfuguismo, Jorge Benedetti, María Fernanda Cabal y David Luna, pidieron eliminar la posibilidad de que un político pueda cambiar de partido, por única vez, para aspirar a un cargo de elección popular renunciando seis meses antes de la inscripción; sin embargo, no fueron apoyados.
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“Se ha aprobado una reforma política anticorrupción que arranca de raíz el clientelismo corrupto, cierra las listas a la financiación del narcotráfico y de la corrupción; garantiza la paridad de género de una manera transitoria y la mayoría de las normas aplicarán a partir del 2026 por consenso con los partidos. Hasta ahora la elección del 2023 se mantendrá con las reglas actuales”, afirmó Roy Barreras, presidente del Congreso.
En el debate la Procuraduría General quedó apta para sancionar a servidores públicos de elección popular.