La violencia durante el conflicto armado en Colombia se ensañó de manera diferencial contra las mujeres y las niñas, que estuvieron expuestas a violencia sexual y reproductiva constante, por parte de los diferentes actores armados en conflicto. Así lo confirma el último informe ‘Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano’, el cual expone los crudos testimonios alrededor de estas violencias.
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El nuevo informe, que trabajó el Centro de Derechos Reproductivos junto a la Comisión de la Verdad concluyó que todos los actores armados ilegales, así como algunos miembros de la Fuerza Pública, ejercieron violencias reproductivas sobre niñas, jóvenes y mujeres. Las prácticas ejercidas contra ellas incluyeron anticoncepciones forzadas, esterilizaciones forzadas, embarazos por violación, maternidades forzadas, abortos forzados y otras violencias que de forma directa o indirecta afectaron la autonomía reproductiva.
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El informe destaca que a pesar de la creciente visibilización de la violencia sexual ejercida contra ellas por parte de actores armados “las violencias que de manera directa afectan las posibilidades de las personas, particularmente de las niñas, jóvenes y mujeres, de decidir sobre su salud reproductiva, han sido poco visibilizadas y en muchos casos las mujeres siguen sufriendo los impactos de estas acciones en su día a día”.
“La maternidad será deseada o no será. Así que si una mujer ha escogido tener hijos como parte de su proyecto de vida, las acciones de ningún actor del conflicto, incluido el Estado, debieron someterla a ninguna acción forzada sobre su cuerpo. En algunos casos también se configuró violencia institucional por la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del conflicto armado, principalmente aplicada por personas a cargo de la provisión de servicios de salud”, explicó al respecto Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.
Los derechos reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos, estos paulatinamente han ampliado su esfera de protección en el Derecho internacional de los derechos humanos y en ordenamientos jurídicos nacionales. En ese sentido, el informe destacada que los derechos reproductivos deben ser garantizados por los Estados incluso en situaciones de conflicto, lo cual incluye garantizar el acceso efectivo a la información y servicios de salud sexual y reproductiva durante su ocurrencia. De la misma forma, estos reconocimientos obligan a los Estados a prevenir, investigar, castigar y reparar de forma integral formas de violencia basada en el género.
Los crudos testimonios de la violencia reproductiva en el conflicto
En el caso de la esterilización forzada, el informe destaca que no ha sido suficientemente documentada en el conflicto armado, además de recordar el testimonio de una mujer en Santa Marta:
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“Nosotros aquí en nuestro departamento tuvimos el tema de esterilización, nos mandaban a capar para que no tuviéramos hijos y eso lo hicieron en el hospital (...) Se llegaba y se pedía a las mujeres que iban a una jornada, ¿ya?, de “desconectación”, porque era que nosotras éramos unas “burras” y unas “perras” pariendo, saben que somos de pueblo y las mujeres de pueblo teníamos que tener nuestros hijos”
— Mujer víctima de esterilización forzada en Santa Marta
Otra de las prácticas deshumanizantes en el marco de estas violencias fue el embarazo forzado o coaccionado, de la cual el informe destaca que fueron víctimas un importante número de niñas, jóvenes y mujeres. Además, rememoró el testimonio de una niña, que para el momento de los hechos tenía 11 años y fue violada por un miembro de las antiguas Farc-EP en la región del Bajo Calima.
Él se fue a vivir una semana a la casa y él se pasó a mi cama, me violó y ni muecas porque él me tenía un cuchillo por aquí, él decía: “grite y la mato”. De ahí yo mantenía donde mi tía todo el tiempo, pero yo no sabía que estaba en embarazo. Entonces yo mantenía donde mi tía, yo no comía nada (...) Yo no hice nada. Yo me quedaba todo el día en la casa llorando por los rincones, o sea no volví a ser la misma, porque ni el rendimiento académico, yo era la mejor del colegio y de ahí ya no
— Niña víctima de embarazo forzado en Bajo Calima
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A parte de poner en el foco del ojo público estas violencias contra las mujeres y niñas en el conflicto armado, el informe del Centro de Derechos Reproductivos parte de estereotipos de género que crean un contexto que hace que finalmente se configuren las violencias reproductivas. “La función natural de la mujer en la sociedad es la de reproducirse y ser madre”, “las mujeres deben ser castas”, “las mujeres que viven en la pobreza son irresponsables” y las personas trans son anormales y depravadas”, son algunos de los estereotipos que pone en evidencia, los cuales han sido naturalizados y legitimados.
Estos estereotipos, acota el informe, han antepuesto un precedente en el ejercicio de control de los varones sobre los cuerpos considerados femeninos, y más aún, el control y dominación sobre niñas y jóvenes indígenas y afrocolombianas.
Las recomendaciones
El Centro de Derechos Reproductivos manifiesta desde ya su sólido compromiso de respaldo y acompañamiento al Estado colombiano para implementar las recomendaciones que ha emitido la Comisión de la Verdad en el marco del capítulo ‘Mi Cuerpo es la Verdad’ del Informe Final presentado el pasado 28 de junio que habla sobre tipo de violencia.
De igual forma, el informe destaca, entre varias recomendaciones, que se debe considerar medidas para mejorar el acceso efectivo a información y servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, niñas y personas LGBTI en zonas rurales de Colombia, como parte de las reparaciones para garantizar la no repetición. Además, a los responsables recomienda reconocer estas violencias, cumplir con sus obligaciones para la reparación integral a las víctimas y abstenerse de incurrir en nuevas violaciones a derechos humanos.
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A la sociedad, el informe recomienda también reconocer estas violencias, así como a los medios de comunicación contribuir en la visibilización de las dimensiones e impactos de la violencia reproductiva. Al sector privado, recomienda crear mecanismos de reintegración socioeconómica para las víctimas de violencia reproductiva, incluyendo aquellas que son excombatientes.
Por último, al sector educativo, el informe demanda que se debe contemplar estrategias claras para la educación integral para la sexualidad, para superar los estereotipos de género y por ende, acabar con las violencias basadas en género contra las mujeres y las niñas.
