El pasado miércoles 27 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a otros 10 miembros del Ejército, entre ellos cuatro coroneles retirados, por los llamados falsos positivos, cometidos durante el conflicto en Antioquia. Estas imputaciones se dieron en el marco del Caso 03, completando un total de 55 miembros en activo o retirados de las fuerzas militares, a dos civiles y a un funcionario del Estado por la comisión de estos crímenes.
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El caso popularmente conocido como falsos positivos, que responde a ejecuciones extrajudiciales relacionadas con los crímenes de los cementerios de Dabeiba e Ituango, tiene con alta consternación a la ciudadanía, sobre todo por las historias que se conocen en el marco de las audiencias de reconocimiento de esta jurisdicción.
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La última revelada es la del subteniente Jesús Javier Suárez Caro, el cual fue asesinado por su propia tropa por no querer participar de las ejecuciones extrajudiciales. Según narró la JEP, el subteniente habría sido víctima de un atentado que le arrebató la vida. Su propia tropa habría planificado este atentado en el marco de un combate.
Este crimen perpetrado, según explicó la jurisdicción, tenía el propósito de generar terror al interior de los uniformados en el Batallón de Contraguerrillas No. 79 (BCG-79), para intimidar a quienes quisieran oponerse, rehusarse o desvincularse de la red de falsos positivos que se gestó al interior de esta institución.
Entre los imputados por el asesinato de 46 víctimas, según el auto emitido el pasado miércoles, están cuatro coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez, David Herley Guzmán Ramírez, Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, todos ellos excomandantes de varios batallones, además de tres sargentos, dos mayores y un soldado profesional retirados.
Daban arroz chino y cien mil pesos por ‘falsos positivos’
El exsoldado, Yeris Andrés Gómez, confesó ante la JEP que por matar a su primera víctima de falsos positivos le dieron como premio cien mil pesos e invitaron al escuadrón a comer arroz chino. “Siempre seguí órdenes de mis superiores, sin cuestionarlas ni pensar el gran daño que iba a causar, hoy reconozco que le quité la vida a seres humanos, con derecho a vivir, a una comunidad a la que le destruí sus sueños (…)”, dijo el ex soldado.
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“El mayor Ruiz Maecha me dio la orden de asesinar el ex combatiente, no le prestamos los primeros auxilios, violando el derecho a la vida y violando el derecho a la seguridad ciudadana (…) yo sé que no merezco su perdón, porque lo que cometimos en el batallón La Popa fueron asesinatos en personas protegidas y crímenes de lesa humanidad, por esta persona, el comandante del batallón, me dio 100 mil pesos y también a todo el grupo especial les compro un arroz chino” afirmó el ex soldado.