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Estos son los exmilitares que habrían recibido más de 1700 millones de pesos a cambio de servicios varios

Los uniformados habían sido jefes de estado mayor conjunto de la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín.

Cuarta Brigada de Medellín. (Tomada de coper.mil.co)

La Fiscalía General de la Nación informó que nueve oficiales del Ejército Nacional, retirados, son investigados por haber recibido más de 1700 millones de pesos por prestar el servicio de escoltas, certificados de idoneidad, bodegaje y alquiler de helipuertos. Todos hacían parte del estado mayor conjunto de la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín.

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Los oficiales fueron imputados con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros por un valor total de 1.798′092.630 pesos.

Los uniformados son los coroneles retirados Luis Fernando Camargo Chaparro, Juan Carlos Bustamante Rodríguez y Jaime Arturo Remolina Fontalvo; así como los tenientes coroneles Ilvar Orlando González Villamil, Ricardo Patiño Castañeda y Henry Benicio Rodríguez Mesa, quienes se desempeñaron como jefes de estado mayor conjunto u oficiales de logística de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con sede en Medellín.

Además, fueron imputados los mayores en retiro Óscar Giraldo Garcés, Fabián Borja Pérez y Javier Antonio Arango Moya, quienes tuvieron el cargo de Segundo Comandante del batallón Pedro Nel Ospina, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia), al norte de Medellín, al norte del Valle de Aburrá.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y apoyada por el grupo de contrainteligencia del Ejército Nacional; entre enero de 2010 y diciembre de 2014 los procesados habrían recibido dineros como contraprestación por el pago de servicios de escolta, certificados de idoneidad, bodegaje y alquiler de helipuertos para el cargue y descargue de explosivos provenientes de empresas mineras, del sector energético y de obras públicas”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

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Al parecer, dichos pagos no fueron consignados en la cuenta del Fondo Interno de las Fuerzas Militares, por lo que representaría un millonario detrimento patrimonial.

Ninguno de los uniformados procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.

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