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“Un empleado que vote por Petro se tiene que ir de mi empresa”: fundador del partido Centro Democrático

Sergio Araújo Castro aspiró en 2015 a la alcaldía de Valledupar y en 2018 al Senado de la República pero no lo logró

Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del partido Centro Democrático y quien aspiró en 2015 a la alcaldía de Valledupar y en 2018 al Senado de la República, escribió a través de su cuenta de Twitter la decisión que tomaría si algunos de sus empleados deciden votar el próximo 29 de mayo por el candidato al Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir (...) Existe una figura que se llama despido sin justa causa que implica una indemnización. Es una prerrogativa del empleador y es licita”.

Este trino fue respondido por Petro quien le indicó que “un empleado que vote por mi no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir”.

A su rechazo se sumó también la del hijo del reconocido periodista investigador, Alfredo Molano, quien le recordó una columna de su padre publicada en 2007 en El Espectador y cómo presuntamente su familia Araújo “les han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos”.

Sergio Araújo Castro fue uno de los 11 miembros de la Dirección Nacional del Centro Democrático cuando el ex senador Alvaro Uribe lo creó. Es hermano del ex congresista Álvaro Araújo y primo del exgobernador del Cesar Hernando Molina Araújo, ambos condenados por parapolítica.

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La representante recién electa a la Cámara por Bogotá, Catherine Juviano, se dirigió a la Fiscalía y le pidió que actuara de forma inmediata: “El señor Sergio Araujo está confesando abiertamente la comisión del delito de constreñimiento al sufragante, que da una pena de entre 4 y 9 años de prisión”.

Según el artículo 387 del Código Penal, “el que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Finalmente y ante la ola de críticas, Araújo volvió a asegurar que: “no constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo ( Como quien escoja votar por un criminal)”.

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