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La encrucijada entre Distrito y comunidades indígenas asentadas en Bogotá

Las comunidades originarias asentadas en el Parque Nacional convocaron una movilización el próximo 9 de abril

Este pasado 6 de abril, mientras la ciudadanía en Bogotá se disponía a dormir, en la Carrera Séptima, a la altura del Parque Nacional, se llevó a cabo una intervención por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), luego de que en horas de la tarde se llevara a cabo una manifestación por parte de las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en este sector de la ciudad. La intervención fue motivo de polémica y fue calificada como un acto represivo por parte de ciudadanos en redes sociales y también figuras políticas como la representante a la Cámara electa Mafe Carrascal y el concejal Diego Cancino.

El concejal comentó que lo reportado representa una grave violación a los derechos humanos y también compartió declaraciones de la lideresa que alega que las comunidades indígenas no tenían armas equiparables a las de los uniformados del ESMAD, además de comentar que la reacción de las comunidades indígenas se dio como un mecanismo de defensa.

“No hay ningún enfrentamiento en el Parque Nacional, lo sería si los Embera estuvieran armados. Hay una intervención represiva por parte del ESMAD y es responsabilidad de la alcaldesa Claudia López frenar esta barbarie”, fueron también las palabras de la representante a la Cámara electa, Mafe Carrascal.

Luego de los hechos reportados, las comunidades indígenas agrupadas bajo la organización de Autoridades Indígenas en Bakatá, entregaron a Publimetro Colombia una denuncia en la que exponen que la intervención del ESMAD fue injustificada y que la misma dejó un saldo de 24 personas lesionadas de los pueblos originarios Katío, Zenú, Wayuu y Siapidara, dentro de las cuales habría niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. De las 3 mujeres embarazadas que resultaron afectadas, dos de ellas se encontraban bajo amenaza de aborto debido a la afectación de gases lacrimógenos.

“Llevamos más de 6 meses sin que haya dotación de alimentos”, dijo uno de los voceros de las Autoridades Indígenas en Bakatá, con respecto a las causas de la movilización que fue llevada a cabo y que causó la situación denunciada.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, mediante declaraciones públicas este jueves 7 de abril, comentó que la Alcaldía constató por medio de testimonios y videos que las comunidades indígenas habrían instrumentalizado a niños y niñas para cometer desmanes. “Los niños deben ser nuestra especial protección. En varios casos, especialmente la noche del 6 de abril, hay plena evidencia de la manipulación e instrumentalización de niños para pedreas, protesta y agresiones. Los niños merecen todo nuestro cariño y protección, no que ningún adulto irresponsable los manipule para actos violentos”, fueron las palabras de la mandataria.

Ya van 7 meses desde que las comunidades indígenas llegaron a la capital desplazadas desde sus territorios y parte de estas permanecen en el Parque Nacional, pues según reclaman no ha habido garantías en el proceso de reubicación ni caracterización, medidas necesarias para que se produzca un retorno seguro a sus territorios. “Denunciamos la falta de voluntad para el acatamiento de las órdenes judiciales, las cuales han sido dilatadas o desconocidas”.

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Y es que las comunidades indígenas alegan una falta de acatamiento a órdenes judiciales porque pese a que el fallo en primera instancia de una tutela impuesta por el personero de la ciudad Julián Pinilla, se expidió ordenando que se garanticen los derechos básicos de las comunidades mientras se adelanta el proceso para el retorno, Quiscué acota que los pueblos están viviendo de caridades y donaciones que les han llegado, y que ni el Distrito ni el Gobierno Nacional actualmente están brindando alimento y demás enseres para que las comunidades puedan subsistir.

Por su parte, el alto consejero distrital de paz, Vladimir Rodríguez, ha dicho en declaraciones oficiales que “el Distrito Capital insiste en la necesidad de avanzar con el retorno de la población como máxima garantía de reparación a los pueblos. El Gobierno Nacional asumió el compromiso interinstitucional para realizarlo, y Bogotá concurrirá en lo que corresponda para hacerlo realidad”.

Las comunidades indígenas han entregado un conteo de las personas que se encuentran al interior del Parque Nacional, pero el Distrito alega que para garantizar las condiciones básicas se debe hacer una caracterización, mientras que niños, niñas y mujeres embarazadas de las comunidades, comen una vez al día o no comen, empeorando cada vez más su situación de salud, indica Quiscué.

La alcaldesa López también comentó que si bien un proceso ya se hizo exitoso con una parte de las comunidades indígenas, que se asentaron en la UPI La Florida y ya retornaron a sus territorios, los miembros de las comunidades que permanecen en el Parque Nacional, no han querido aceptar ir a este albergue, para adelantar el proceso de retorno a sus territorios. “Si siguen en el Parque Nacional es porque se han negado a aceptar el albergue temporal que reiteradamente les ha ofrecido el Distrito. 1680 aceptaron eso, estuvieron en mejores condiciones y ya retornaron”, dijo la mandataria.

De igual manera, López anunció que se instauró una denuncia ante la justicia para que las personas al interior de las comunidades indígenas que están utilizando a sus niños y niñas sean investigados. “Tenemos todos los recursos, equipos y lo que se necesite para garantizar la estadía de las comunidades en La Florida, pero no han querido trasladarse al albergue temporal, ni los jueces nos han permitido hacer el retorno seguro y definitivo, y no podemos desobedecer a los jueces”.

Al respecto, las Autoridades Indígenas en Bakatá, mediante una rueda de prensa, declararon que el albergue de la UPI La Florida no cuenta con las condiciones básicas para la subsistencia. “Tenemos 9 muertes y 7 salieron de la UPI La Florida ¿Quién quiere ir al matadero? nadie”, dijo uno de los representantes de las comunidades en la rueda de prensa.

Además, la alcaldesa López declaró que la justicia informó que a más tardar el 20 de abril haya un pronunciamiento definitivo a una sentencia judicial que está en curso, y que según comentó, ha impedido hacer el retorno gradual y seguro de las comunidades. También comentó que permanentemente equipos de salud, del ICBF, de la Personería, la Defensoría y gestores de diálogo están en el Parque Nacional realizando trabajo.

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