La muerte de un niño, de 1 año y 9 meses, perteneciente a la comunidad indígena que desde hace dos meses se encuentra en el Parque Nacional, ha causado gran indignación en el país y ha centrado la mirada en las autoridades nacionales y distritales.
Para entrar en contexto, cientos de familias de más de 15 pueblos indígenas, como Muisca Gue Gata Thizhinzuqa, Tullpa Yanacona, Embera Katio, Embera Dobida, Kokonuko, Nasa, Cumbaltar Pasto, Uitoto Monifue + Uruk, Kubeo, Koreguaje, Wuayuú Bakatá, Zenu, Pijao Mohan, Chami y Siapiarar, que en su mayoría han salido de sus territorios a causa del conflicto armado, con amenazas de varios grupos armados y en medio de la pobreza, se asentaron en el Parque Nacional en busca de soluciones.
Las versiones de la Alcaldía y de estos pueblos se contradicen respecto a la atención brindada. Lo cierto es que este conflicto hoy cobra la vida de un pequeño que sin querer terminó pagando los platos rotos.
“Se ha materializado el riesgo que evidenciamos hace casi un mes y que alertamos de manera debida. Ha muerto un niño embera a causa de la desatención en salud y al abandono al que nuestros pueblos y parcialidades están sometidas. Denunciamos que los lamentables hechos, son responsabilidad exclusiva de la Administración Distrital, por la omisión, desidia e incapacidad de los funcionarios y directivos- particularmente secretario y subsecretario de Gobierno- en dar respuestas estructurales a las necesidades, que llevaron a que hoy tengamos que lamentar la pérdida de un menor de edad”, señaló en un comunicado el proceso Autoridades Indígenas en Bakatá.
En la misiva, también desmienten al Distrito sobre su voluntad al momento de recibir ayudas: “Desde el 29 de septiembre de 2021 se ha solicitado en los diversos espacios de interlocución carpas de campañas para prevenir dichas situaciones lamentables”.
Contrario a los señalamientos, aseguran que están dispuestos a recibir atención médica: “Hacemos un llamado a la sociedad médica para que nos hagan acompañamiento y brinden atención y seguimiento para salvaguardar la vida de los infantes”.
Abren indagación contra funcionarios de la Alcaldía de Bogotá por muerte de niño indígena
Desde que se conoció la noticia sobre la muerte del menor, distintas entidades se han pronunciado exigiendo respuestas.
La Defensoría del Pueblo pidió que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades. “La muerte del niño no tiene justificación alguna y por tal razón solicitó a las autoridades judiciales que se investigue muy rápidamente para esclarecer las posibles causas del fallecimiento del menor de edad y las responsabilidades correspondientes”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Por su parte, la Personería de Bogotá radicó una queja disciplinaria encaminada a investigar si hubo omisión de las autoridades distritales en la muerte del niño. En esa medida, se ordenó indagación preliminar contra funcionarios vinculados a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Integración Social.
¿Qué dice el Distrito?
La Secretaría de Salud se pronunció aclarando los siguientes puntos:
- El menor de edad estaba en condiciones de vulnerabilidad, dadas las situaciones conocidas en el Parque Nacional. Aunque desde el 18 de noviembre los líderes de este grupo no permitían presencia de la Secretaría Distrital de Salud en este lugar, la entidad dispuso de ambulancia las 24 horas y equipos de monitoreo.
- La tripulación de la ambulancia presente fue alertada del caso de este niño, quien al ser atendido se encontró en paro cardiorrespiratorio; de inmediato fue remitido al Hospital San Ignacio. Aunque el equipo de urgencias de este centro médico realizó las respectivas labores de reanimación por cerca de una hora, el niño falleció.
- Hace cinco semanas las autoridades del Distrito propusieron que se realizara el traslado de esta población a la sede de La Florida, ubicada a las afueras de la ciudad, la cual cuenta con baterías sanitarias, así como las condiciones higiénicas y de infraestructura necesarias para permanecer y pernoctar de manera más adecuada, en especial para niñas y niños.
- Desde el Distrito esperamos una posición más propositiva y de conciliación por la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, así como de las autoridades de la comunidad Embera, para lograr la reubicación de estas personas en la sede de La Florida y garantizar las condiciones necesarias para que puedan tener un retorno seguro a su territorio.
