Aunque los cuestionamientos contra el Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Claudia López se hacían mayores con el paso de las horas, la polémica finalmente explotó en el Concejo de Bogotá con el inicio de la votación del proyecto.
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Fue el martes precisamente cuando se empezaron a conocer las denuncias de los concejales de la Alianza Verde: Martín Rivera Alzate, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal, quienes fueron sometidos al proceso de votación por bancadas.
De acuerdo con la advertencia, este mecanismo fue usado para obligarlos a votar positivamente.
Votación del POT de Claudia López arranca con división de los Verdes en el Concejo de Bogotá
Según los concejales, el martes, minutos antes de que se iniciara la votación en la Comisión del Plan, fueron citados a reunión de bancada para imponerles la decisión de las mayorías y así obligarles a apoyar el proyecto del Gobierno Distrital.
“Hemos dado argumentos sobre algunos aspectos con los cuales no estamos de acuerdo. Bien porque contradicen compromisos que hicimos y firmamos en campaña, bien porque van en contravía de principios Verdes o bien porque consideramos que la ciudad debe girar en torno a intereses de la ciudadanía y no de los privados. Es una mordaza”, aseguró el concejal Diego Cancino.
Señaló que la democracia no puede imponerse a la fuerza y que la unidad debe ser legítima y con argumentos: “es grosero que nos digan que nos dieron el aval y que por eso tenemos que votar amarrados. Estamos aquí para defender unos principios Verdes, de trabajo colectivo y que mejoren la vida de la gente. Un tapabocas para cuidar la vida, bienvenido, un tapabocas con mordaza para acallar la voz es repudiable”.
A su turno, la concejal Lucía Bastidas invitó a un debate con garantías, técnico y serio sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, enfatizando que la política del partido no puede ser imponer una dictadura con la ley de bancadas por burocracia y clientelismo: “Por primera vez en la historia del Partido Verde en el Concejo de Bogotá han decidido acallar las voces que pensamos diferente, así no se construye democracia (…) el clientelismo que se viste de renovación es el más peligroso, aquellos que con presiones nos quieren obligar a votar si al POT no nos van a callar, presentaremos nuestras proposiciones e intervendremos con nuestras opiniones”.
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Por su parte, el concejal Martín Rivera Alzate, además de lamentar la decisión de la bancada y sostener que esta forma de gobernar “es desleal con lo que se dijo en campaña”, explicó a este medio que, como parte del cronograma, una vez se resuelva una recusación, continuará la votación del sentido de la ponencia y la posterior unificación de sus textos: “El proceso de conciliación puede tardar uno o varios días, no hay fecha definida; una vez conciliado, iniciamos la votación de los artículos. El plan tiene 608 artículos más los nuevos propuestos por los ponentes y concejales. La votación será en bloque frente a los artículos que no tienen modificaciones y en caso de existir modificaciones la discusión se hará artículo por artículo y se resolverá en cada caso las proposiciones que han hecho los concejales, frente a las cuales la Administración debe expresar una posición favorable o negativa por escrito”.
Detalló que aprobado el texto se discutirá en Plenaria, donde no se podrán hacer modificaciones de fondo, “únicamente supresión de artículos o modificaciones de forma”.
¿Qué dice el Distrito?
En medio del alboroto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, negó que la decisión que está tomando el partido Alianza Verde esté limitando la expresión de los cabildantes que están denunciando una mordaza.
“Se ha suscitado una discusión por la posición de la bancada del partido Alianza Verde, de fijar una unidad de criterio mediante la ley de bancadas. Cuando de manera mayoritaria se toma una posición de partido, esta será la postura de los integrantes de la bancada, lo cual en ningún momento cercena la posibilidad de que todos expresen libremente sus posiciones; es decir que faltan a la verdad quienes afirman que esta decisión, democrática y legal, limita su posibilidad de expresar sus opiniones”, puntualizó.
Al entregar dichas explicaciones, desde el Concejo de Bogotá, Gómez también fue blanco de una fuerte acusación. El concejal Martín Rivera Alzate lo acusó frente a sus colegas y medios de comunicación de ofrecer puestos. “Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa, sí señor. Aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show”, mencionó.
Más tarde, en su cuenta de Twitter, Gómez respondió: “Concejal Rivera su acusación es temeraria e irresponsable. Ni usted me ha pedido un puesto ni yo le he ofrecido jamás ningún puesto a cambio de su voto. Usted me acusa de un delito sin prueba alguna. ¡Calumniar en cambio si es delito!”. La polémica sigue.
¿Qué es la ley de bancadas?
En diálogo con PUBLIMETRO, Mauricio Reyes Betancourt, profesor Facultad de Derecho, Universidad Nacional, explicó que la votación de bancada es aquella que obliga a un grupo de una corporación pública a votar en bloque: “Para el caso colombiano, con un sistema presidencial fuerte, la votación por bancadas pretendió volver a dar vida a las diferencias ideológicas y programáticas de los partidos, sin embargo, hoy en día los partidos políticos colombianos, aún manteniendo diferencias ideológicas significativas, siguen teniendo ambigüedades ideológicas pues mantienen estructuras clientelistas o franquicias electorales con personas que no han tenido un vínculo con una idea única de Estado o de Gobierno, por tanto no puede hablarse de bancadas en estricto sentido”.
“El partido Verde- agregó- es un ejemplo de ello, lo conforman desde sectores fundadores cercanos al viejo M-19, pasando por políticos tradicionales que vienen de otros partidos, llegando a nuevos políticos derivados de la interacción con la ciudadanía en las redes sociales”.
En este contexto, el experto explica que el imponer una disciplina de partido en una corporación pública, cuando antes no se ha hecho, puede interpretarse desde diversas orillas, “por un lado, como la exigencia de unas líneas rojas que un partido organizado ha establecido previamente y deben ser seguidas, so pena de encajar con proyectos externos incompatibles; o por otro, en convertirse en una imposición autoritaria, cuando tal imposición no tiene antecedentes o no tiene relación con las diferencias ideológicas sino con los intereses internos de los miembros del partido”.
En ese punto, concluye que le queda a los electores decidir por cuál de las dos líneas se desarrolla tal confrontación.
