La contienda política en Colombia tomó un nuevo rumbo judicial tras la denuncia formal presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero Calle contra la exseñorita Antioquia 2025, Laura Gallego Solís, y el también precandidato Santiago Botero Jaramillo. La acusación, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, señala a ambos por los presuntos delitos de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir, a raíz de un video viral que ha generado controversia nacional.
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Según el documento presentado por Quintero, el origen del conflicto se remonta a un video publicado el 27 de octubre, en el que Gallego y Botero participaron en una conversación pública que incluía una pregunta provocadora: “En el desierto tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”. En la grabación, Santiago Botero Jaramillo responde: “A Daniel Quintero”, mientras Laura Gallego Solís agrega: “Y un cachazo para Petro, al menos”.
Polémica en campaña: Daniel Quintero acusa a Gallego y Botero de promover violencia política
El exalcalde de Medellín incluyó el material audiovisual como prueba principal en su denuncia, argumentando que las declaraciones de ambos no pueden considerarse un chiste ni una expresión de opinión, sino un acto de incitación a la violencia política. “Estas expresiones, emitidas públicamente por dos figuras con visibilidad mediática y proyección política, trascienden el ámbito del humor y se convierten en un mensaje de intolerancia y hostilidad”, manifestó Quintero en su escrito.
El exmandatario enfatizó que el contenido del video promueve el uso de la violencia como herramienta de confrontación ideológica, lo que representa un grave riesgo en el actual contexto político. “No se trata de una opinión personal ni de una sátira; es un mensaje que normaliza la agresión hacia quienes piensan diferente”, señaló.
Fuentes cercanas al entorno de Quintero afirmaron que el equipo jurídico del precandidato pedirá medidas de protección y que espera una pronta actuación de la Fiscalía para investigar la posible instigación a la violencia contra líderes políticos.
El video ha generado un amplio debate en redes sociales, donde ciudadanos y figuras públicas han expresado su rechazo ante el tono de las declaraciones. Mientras algunos defienden la denuncia como una acción necesaria frente a los límites del discurso político, otros consideran que podría tratarse de una estrategia de visibilidad electoral en medio de la creciente tensión preelectoral.
Con esta acción judicial, el caso se suma a los recientes episodios que han elevado el nivel de polarización política en el país, encendiendo nuevamente el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad pública en el ámbito político.