Durante años, las universidades públicas advirtieron el mismo problema: cada semestre costaba más sostener laboratorios, docentes, investigación e infraestructura, pero el presupuesto no crecía con esa realidad. La razón estaba en la fórmula: desde 1992, los recursos aumentaban con el IPC, un indicador pensado para el costo de vida general, no para los costos propios del sistema de educación superior.
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Esa lógica cambia con la promulgación de la reforma del esquema de financiación de las IES públicas en la Ley 30, firmada en Popayán (Cauca). La nueva norma ajusta la manera en que suben los aportes de la Nación a las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) públicas para que el incremento esté atado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente diseñado para reconocer gastos y costos específicos del sector.
¿Qué cambia con la nueva fórmula?
El punto central es que el aumento anual dejará de depender del IPC y se asociará con un índice más cercano a lo que realmente cuesta operar una institución pública. Además, el articulado incorpora recursos orientados a ampliar cobertura, fortalecer formalización laboral y mejorar capacidad instalada, con un crecimiento progresivo de la inversión hasta llegar al 1% del PIB para educación superior.
En la práctica, esto busca reducir las brechas en el sistema mientras crece la demanda: más estudiantes, más sedes, más necesidades, pero sin el “músculo” financiero para responder.
El contexto: gratuidad, cobertura e infraestructura
El Gobierno enmarca la reforma dentro de una política de fortalecimiento a la educación superior pública. Entre 2023 y 2025, se reporta una inversión de $6,8 billones para gratuidad, con 930 mil estudiantes beneficiados, y para 2026 se proyectan $3,2 billones ya incluidos en la base presupuestal. También se mencionan $1,67 billones comprometidos en infraestructura para 104 proyectos en el país.
El reto, de ahora en adelante, será que el nuevo esquema se traduzca en capacidad real: más programas, mejor planta docente, mejor infraestructura y un acceso menos desigual por región. Para estudiantes y familias, el cambio clave es que la financiación deje de correr detrás de los costos y empiece a anticiparlos.