El proceso de restitución de un terreno cercano a la ribera del río Pance, que se hizo el pasado miércoles en el sur de la capital del Valle del Cauca, fue narrado desde distintas versiones. En junio, el caso de La Viga se convirtió en noticia nacional debido a que un patrullero de la Policía se opuso a participar en el desalojo y prefirió entregar su dotación.
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Por un lado, la administración municipal aseguró que todo había transcurrido bajo la plena garantía de derechos y que, además, el proceso de concertación con los moradores ya estaba agotado. Por otro lado, quienes fueron desalojados reportaron abusos de la fuerza pública.
“A las 6:00 a.m. llegaron el Esmad, el Ejército, la Policía y la Alcaldía a sacarnos. Estábamos cocinando y nos tiraron gas lacrimógeno. A mí me tiraron un gas. A otros vecinos los cogieron a pata y a puño”, le contó a PUBLIMETRO Leidy Girón, veedora ciudadana y habitante de La Viga.
Entre los argumentos de las 18 familias para ganarse el derecho a vivir la zona estaba la presunta pertenencia de algunas a un cabildo indígena y la certeza de que vivían ahí desde hacía más de 30 años. Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina desmintió este pronunciamiento.
“Ni existe un cabildo ni un resguardo indígena allí ubicado, ni existe ese asentamiento desde hace 30 años. Existe una irresponsabilidad de una invasión del espacio de no mayor a dos años y esas personas deben saber que no les vamos a permitir que se apoderen de un bien público”, indicó el mandatario.
César Lemus, asesor de despacho de la Alcaldía, aseguró que en la visita del miércoles se encontraron más moradores que hace unos meses, cuando se empezaron a cumplir las diligencias de desalojo luego de tener la resolución de restitución de un bien inmueble que le pertenece al municipio.
“Esta diligencia se había suspendido en tres oportunidades. En septiembre del año pasado hubo una. En octubre se le dio continuidad y se demolieron otros techos. Hace tres meses se habían vuelto a construir techos y se demolieron”, dijo el asesor.
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¿Otros intereses?
Hace algunos meses, los habitantes de La Viga radicaron un derecho de petición ante la Alcaldía para tener acceso a los documentos que certificaran que el terreno del que los querían desalojar era un bien del municipio.
“Nos respondieron hace poquito. Dicen que ese terreno no le pertenece al municipio, pero que, de todas maneras, tienen que liberarlo para proteger el medioambiente”, añadió la veedora de La Viga. Este punto es el que genera más sospechas en la comunidad, pues tienen información sobre los negocios de terceros.
“La constructora Jaramillo Mora ha ido vendiendo un terreno que tenía allá. Hoy sabemos que la constructora Kromo va a hacer casas y apartamentos con vista y acceso al río Pance. Al estar nosotros ahí, lo impedíamos. Ellos piensan privatizar ese pedazo. El corregidor de Pance está prácticamente entregándoles ese terreno”, afirmó la veedora.
Rechazan amenazas
La concejala Diana Rojas denunció que fue víctima de amenazas contra su vida por apoyar el proceso de restitución del terreno de La Viga.
Rojas participó el pasado sábado en un plantón para exigirle a la Alcaldía que desalojara a quienes estaban ocupando el sitio de manera irregular y que estarían realizando controles y restricciones. Los habitantes de La Viga hicieron una manifestación luego de ser retirados.
“En una grabación realizada por la comunidad se escucha claramente cómo uno de los manifestantes con nombre propio me declara como objetivo militar. Responsabilizo de lo que me pueda llegar a pasar a los líderes y actores de la invasión”, dijo la concejala.
