El video en el que un patrullero de la Policía se niega a participar en un procedimiento de restitución de un bien público hizo que la situación de al menos 15 familias del sector La Viga, en Pance (Cali), se volviera mediática.
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El desalojo se efectuó el pasado martes porque, según la Alcaldía, ese grupo está ocupando de manera ilegal un terreno que le pertenece al municipio.
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Sin embargo, la diligencia quedó suspendida puesto que el gobierno local está adelantando mesas de concertación para definir qué sucederá con el terreno y con sus actuales pobladores.
Según la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, María del Pilar Cano, se realizará una acción conjunta entre dependencias como Planeación Municipal y las secretarías de Vivienda y Seguridad.
Cano aseguró que la recuperación de este terreno no es un asunto reciente: «Es un proceso de vieja data. En la diligencia estábamos dando cumplimiento a unas decisiones que ya estaban ejecutoriadas. Ahora vamos a revisar toda la documentación para darle una respuesta a la comunidad», dijo la funcionaria.
Por su parte, la secretaria de Vivienda, Martha Liliana Hernández, aseguró que hay un plan de trabajo para definir la manera de ayudar a la comunidad de La Viga.
«Estamos evaluando la posibilidad de darles un subsidio de arrendamiento temporal. Para eso vamos a adelantar todas las actividades de caracterización con el fin de verificar que los hogares efectivamente se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han recibido otros subsidios», explicó Hernández.
«Escuchamos cada uno de los requerimientos que nos hizo la comunidad. A partir de este momento vamos a tener otros espacios de diálogo donde podremos establecer una solución de fondo para estas familias», agregó la secretaria.
¿Quiénes son los supuestos invasores?
Las familias que el pasado martes intentaron ser desalojadas de La Viga no son pobladores recientes. Según Leidy Girón, veedora ciudadana del sector, las primeras personas en construir sus viviendas en ese lugar llegaron hace más de 30 años.
«Antes había 30 familias, pero hace unos nueve meses hicieron un desalojo. En este momento hay 15. Algunas llegaron desplazadas de ciudades como Pasto o Buenaventura. Otras fueron desplazadas por las bandas criminales en la misma ciudad», explicó la veedora.
Una de las solicitudes que la comunidad ha expuesto ante la administración municipal a través de derechos de petición es que se compartan los documentos que constaten que el terreno es propiedad del municipio. Según Girón, este asunto no está claro.
«Se han radicado derechos de petición para otros temas y la misma Alcaldía ha negado que ese terreno le pertenece. Ahora el alcalde dice que debemos irnos porque estamos sobre la ribera del río Pance, cosa que no es cierta», añadió la veedora.
Intereses cruzados
En esta disputa hay un tercer actor, aparte de la comunidad y la administración municipal. Se trata de la Constructora Jaramillo Mora, que tiene proyectos cercanos al terreno en cuestión y presuntamente le cedió ese espacio a la Alcaldía como parte de un intercambio.
«El dueño de este terreno se lo vendió a Corficolombiana (banca de inversión) y luego ellos se lo vendieron a Jaramillo Mora, pero siempre quedó claro que el sector que hoy quieren desalojar no les pertenecía. Hay una comunidad a la que se le puede comprar el terreno, pero otra debe quedar allí porque el río no puede quedar desprotegido. Esta comunidad ha conservado el agua: hay yacimientos que Jaramillo Mora quiere secar», explicó Girón.
Esta semana, los pobladores de La Viga ganaron una tutela. «El juez nos ampara y le pide al alcalde que nos lleve a un albergue, pero nosotros no vamos a salir del sector. Destruyeron 30 familias con todos sus terrenos y sus sembrados de maíz, maní, yuca, plátano…», puntualizó la veedora.
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